A la comisión especial investigadora de la compra de la casa de la fallida compra de la casa de Salvador Allende acudieron este lunes una serie de funcionarios de Gobierno, tanto del Ministerio de Bienes Nacionales, como de la Segpres y, en esta ocasión, del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), dependiente del Ministerio de las Culturas.
Este lunes fue el turno de la directora del servicio, Nélida Pozo y del asesor jurídico de la división, José Cortés.
En la instancia, la encargada del Serpat aseguró que tomó “conocimiento de la minuta que nos hizo llegar Paz Carmona (jefa de Gabinete del servicio) y José Cortés, de hecho, ellos la elaboraron. Yo no informé a la Segpres ni a la Presidencia porque yo, insisto, no tuve ningún vínculo directo o comunicación directa ni con Segpres ni con Presidencia, porque la tarea estaba delegada en las jefaturas legales”.
Pozo agregó que en la minuta a la que tuvo acceso, “salía textual que en la comunidad hereditaria había dos autoridades de la República. Eso para efectos jurídicos lo puede precisar José Cortés, pero es lo que yo recuerdo que textualmente estaba en las minutas”.
Se planteó implicancia jurídica en dos minutas
Cortés, en su intervención durante la comisión investigadora aseguró que manifestó por escrito en dos ocasiones la inhabilidad de la compra de la casa Allende en su etapa inicial: “Se planteó fundamentalmente la existencia de dos autoridades que tenían implicancia jurídica y comunicacional al proyecto, es decir, la viabilidad del proyecto. No se desmenuzó jurídicamente y ese elemento fue materia en un punto de conversación”.
El asesor señaló, además, que el deber del servicio era “consignar por escrito las observaciones que nosotros veíamos en ese momento” y que no les correspondía “hacer un análisis de control de profundidad de ese punto, porque en definitiva estaba entregada en los antecedentes de la notaría de documentos que fue entregada al ministerio competente de la adquisición”.
A los avisos del asesor se suma una reunión el 11 de junio de 2024, revelada por Pozo, en la cual Cortés le habría reiterado a Bernardita Nazar, asesora del Segundo Piso, y Pablo Maino, abogado de Bienes Nacionales.
