El ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, defendió el veto ingresado por el Gobierno de Gabriel Boric a la Ley de Usurpaciones, que fue aprobada en el Congreso a fines de agosto. Desde el Ejecutivo buscan que las penas sean proporcionales a los delitos cometidos y que no se permita la autotutela.
"Cuando se tramitó el proyecto de usurpaciones dijimos con toda claridad que somos partidarios de una nueva ley que entregue herramientas para garantizar el restablecimiento oportuno, rápido, expedito del imperio del derecho y que proteja las víctimas porque, lamentablemente, la legislación actual no es lo suficientemente ágil", dijo el ministro Elizalde en conversación con radio Cooperativa.
"Planteamos cambios tales como que las policías puedan actuar en cualquier momento para restituir el inmueble, y también que los tribunales puedan ordenar la restitución en cualquier etapa del juicio sin esperar la intervención, pero señalamos con toda claridad que éramos contrarios a la figura de la autotutela o justicia con mano propia que implicara que consolidada la situación de usurpación un particular pudiera recurrir a la violencia para resolver conflictos políticos", agregó.
Desde el inicio de la discusión de la ley ya despachada por el Congreso, el Gobierno de Boric se opuso a un artículo de la ley que, según acusan, permitiría la autotutela.
"Eso va en contra de los principios sobre los cuales se ha creado nuestro sistema penal, y las sociedades que han tolerado formas de autotutela y de justicia con mano propia han terminado con más violencia. En Chile, la fuerza, su monopolio legítimo, está radicado en el Estado, y por tanto, del Ejército y las policías sobre la base de las instrucciones de los tribunales. Así ocurre en el mundo civilizado”, recalcó.
"Si una persona está en su inmueble y es víctima de la usurpación se puede defender, pero la situación distinta es que pasados uno, tres o cinco años, mucho tiempo, vaya y ejerza directamente la violencia para obtener la restitución del inmueble. Eso es una forma de resolución primitiva de conflictos que genera más violencia y más delitos, más en un país donde existen a veces conflictos sucesorios, superposición de títulos, en fin, las hipótesis son muchas", añadió.
Veto por autotutela y graduación de penas
Otro aspecto que cuestiona el gobierno son las penas que establece la ley para los distintos tipos de delitos que considera la legislación. Esta modificación ha sido apuntada por la oposición y acusan al gobierno de ponerse del lado de quienes usurpan.
"Lo segundo que establecimos en el veto es la graduación de las penas, porque había un marco penal rígido, y creemos que la pena debe ir asociada a las circunstancias en que se cometa el delito. Mientras más grave, tiene que ser más grave la pena", explicó Elizalde.
“El marco penal rígido implicaba que se aplicaba la misma pena, cualquiera fuera la circunstancia en que se cometa el delito. Creemos que hay que distinguir, y por tanto, respecto de la usurpación violenta se aplica una pena alta. Respecto de la usurpación con fuerza en las cosas, una pena un poco menor pero también alta, y más que con fuerza de las cosas, está regulado como daño en las cosas", detalló.