Una soterrada disputa se vive hace años en el Séptimo Juzgado de Garantía entre el juez Ponciano Salles y Daniel Urrutia, enfrentándose en distintos procesos administrativos y penales, los que ahora llegaron a la mediática trama “muñeca bielorrusa”.
Para Urrutia la causa no es ajena, pues como magistrado del tribunal que revisa el caso, y por donde pasan las solicitudes de allanamiento, intervenciones telefónicas, y todas los movimientos investigativos que deben ser autorizados por un juez, le ha tocado resolver distintas diligencias.
Una de las primeras órdenes que resolvió fue la solicitud de allanamiento de la Fiscalía a la casa de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Esa vez, sin embargo, la defensa de la magistrada pidió la inhabilitación del juez Urrutia por “manifiesta enemistad” contra la hoy imputada.
Urrutia no ha escondido su opinión respecto de la causa. Es más, en una entrevista en The Clinic, publicada el sábado 29 de noviembre, señaló que “de la señora Vivanco nunca tuve una buena opinión, porque sabía que había sido secretaria de un partido político del ‘FraFra’, de Francisco Javier Errázuriz y del Partido Centro Centro. Luego fue profesora de la Católica y después fue al Tribunal Constitucional a oponerse a la píldora el día después”.
Un informe del OS-7 de Carabineros recogió la orden de Urrutia para ese allanamiento. “Autorización judicial emitida por don Daniel Urrutia Labreaux, Juez del 7mo. Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 16.09.2024, para la revisión y extracción de la información contenida en los dispositivos móviles incautados”, se lee en el documento.
A pesar de la acción de la defensa de Vivanco para inhabilitar al magistrado, Urrutia resolvería más diligencias pedidas por la Fiscalía en el futuro, como la que firmó el 17 de marzo de este año para oficiar a la empresa de telecomunicaciones Entel para que evacuara los “tráficos telefónicos” de Harold Pizarro, investigado en la causa por ser propietario de la casa de cambios en que Gonzalo Migueles -pareja de Vivanco- habría cambiado los dólares obtenidos, supuestamente, de sobornos.
Otra diligencia que fue visada por el magistrado fue la constancia de solicitud verbal realizada por el fiscal Marco Muñoz, realizada el 7 de octubre de este año, para allanar la casa de cambios de Harold Pizarro. “Magistrado don Daniel Urrutia Laubreux, juez titular 7 Juzgado de Garantía de Santiago. Buenas noches. El día de hoy 7 de octubre de 2025, siendo las 13:44 horas, se autorizó verbalmente la diligencia de entrada, registro e incautación de antecedentes de base para la investigación e información contable conducente al esclarecimiento de los hechos”, se lee en el correo electrónico.
El dardo de Ponciano Salles
La “manifiesta enemistad” con el juez Urrutia no solo ha sido invocada por Vivanco, sino que ayer también lo hizo el magistrado Ponciano Salles, par del magistrado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Salles dictó dos resoluciones. La primera para inhabilitarse de conocer la causa “muñeca bielorrusa” -aunque antes ya había resuelto otros escritos en la investigación-, pues “habiendo conocido que a propósito del desarrollo de la citada audiencia (de formalización), consta que actúa como querellante la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), en la que el magistrado Daniel Urrutia L. ostenta el cargo de Director Presidente de la Región Metropolitana”. Fuentes del caso plantean la interrogante sobre el eventual un conflicto de interés del juez Urrutia al representar una asociación que es -al mismo tiempo- querellante en la causa contra la que dicta diligencias.
Para nadie del mundo judicial es un misterio que entre Salles y Urrutia existe una enemistad. Ambos han protagonizado acusaciones cruzadas en tribunales, incluso en investigaciones penales. Así lo reconoció el propio Salles en la segunda resolución que evacuó ayer martes, apuntando al rol del magistrado Urrutia directamente como querellante en el caso “muñeca bielorrusa”.
“Frente a quien ostenta la calidad de querellante según lo indicado en el motivo primero, mantengo conocida y manifiesta enemistad, tanto por circunstancias administrativas, como por el hecho de haber sido anteriormente denunciado ante el Ministerio Público por su intermedio en calidad de autor de un delito de prevaricación, en causa que fue sobreseída ante jueces del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago”, se lee en el documento.
Por último, agregó: “Consta en mi conocimiento que el referido magistrado ha intervenido, de manera directa o indirecta, en asuntos de naturaleza estrictamente personal del suscrito, completamente ajenos a esta investigación”.
Desde el círculo del juez Urrutia, se defienden. Consultado el abogado Carlos Quezada, querellante por la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ), refutó a Salles.
Señaló que Urrutia "no tiene la calidad de querellante, y la querella de la OTJ fue ingresada después de sus actuaciones. Luego de este ingreso, él estampó su inhabilidad igualmente, pero no por la Organización, sino por que yo soy su abogado particular".
Las esquirlas de la trama “muñeca bielorrusa” no sólo activó rencillas judiciales al más alto nivel, sino que también revivió pugnas internas en uno de los tribunales más complejos del país.
