-¿Cuál impresión te ha dado este trabajo que duró casi dos años? ¿Te parece que es un camino razonable?
-Esta iniciativa tiene que ser valorada. Lamentablemente el informe demoró más de lo que se esperaba y se está entregando al final de este gobierno. El Presidente debe analizarlo y después el Congreso, si hay modificaciones constitucionales. En el fondo tiene muchas cosas buenas, varios caminos positivos. Por ejemplo, habría una modificación de algunos artículos de la ley indígena.
-¿Cuáles?
-Son lo que han traído grandes problemas a la región, porque han promovido la violencia para lograr objetivos de entrega de tierra. Por ejemplo, el artículo 20b. Respecto a la aceleración de los procesos de entrega de tierra cuando hay conflicto. Y otro es que no hay límite en cuanto a la cantidad de personas que van recibiendo los beneficios.
-Se habla de 400.000 hectáreas de tierra.
-Sí, el gran problema de la ley indígena es que funciona a través de una aplicabilidad. Y la aplicabilidad inicialmente empezó para los pueblos o familias más grandes, que tenían títulos de merced. Ahora se está hablando de otras aplicabilidades existentes y las que vienen. Y eso es una cantidad gigantesca de hectáreas que tampoco está claro cuál va a ser el límite.
-En dinero se dice que con 4.000 millones de dólares se solucionaría el conflicto. ¿Tú crees que es así?
-A ver, yo creo que el conflicto va más allá de la entrega de tierra y los 4 mil millones. Porque aquí la comisión entra en temas como el perdón, el convenio 169 y la ley indígena. Yo estoy muy en contra de que el Estado chileno esté supeditado al convenio 169. Yo he sido víctima. Nuestra familia y muchos agricultores han sido víctimas del sesgo que tienen organismos de las Naciones Unidas como el Comité Interamericano de Derechos Humanos.
-Un tema que se destaca es que si no se empieza a solucionar ahora, el conflicto va a seguir creciendo y después va a ser mucho más difícil controlarlo o incluso pagarlo, porque ya serían 8 mil millones de dólares en vez de 4 mil.
-Con el despilfarro que ha habido de los dineros públicos, yo creo que 4 mil millones de dólares para solucionar un conflicto de esta magnitud no sería mucho. Sin embargo, hay dudas: ¿Cuál es el límite? Esto puede ser un barril sin fondo. O sea, 4 mil millones de dólares siendo mucho dinero, podría ser el inicio de otros problemas. En todo caso es una buena oportunidad. Ojalá que el Presidente y el Congreso estén abiertos a hacer las modificaciones necesarias.
-Incluye un punto muy importante que a ti te toca personalmente que es la reparación a las víctimas de la violencia. Se recomienda crear un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio.
-Yo creo que la Comisión ha estado acertada en incorporar estos posibles mecanismos. La inquietud es que hay un sector político que no va a estar dispuesto a que la gran cantidad de víctimas que ha producido este conflicto sean beneficiadas por algún grado de compensación.
-¿Te refieres a la izquierda frente a los actos de terrorismo?
-Sí, puede ser la izquierda, pero más que la izquierda son parlamentarios que permanentemente se han opuesto a que haya una compensación para las víctimas. Espero estar equivocado, pero no creo que avancemos en eso.
-¿Quiénes son los que están siempre en contra?
-No tengo ganas de nombrarlos.
-Se ha dicho que hablar de terrorismo no era parte de las funciones de la comisión, pero se menciona a las víctimas del terrorismo, ¿a ti te hubiera esperado una condena más firme?
-La verdad es que no sé si le correspondía o no a esta comisión establecer si son actos terroristas o crimen organizado, mafia o lo que sea. Algún sector puede pensar, dentro del que me incluyo, que a lo mejor faltó decir eso. No olvidemos que es una comisión que creó el Presidente para evaluar el tema y como lo dijo uno de los co-presidentes, no están inventando nada nuevo
-También la propuesta de la comisión es reconocer en forma constitucional al pueblo Mapuche, pero también al Aymara, Rapa Nui, Atacameño, Quechua, Coya, Diaguita, Chango, Cahuéscar, Yagali y Selk’nan. ¿Qué te parece esa idea?
-Es una venia al sector político Mapuche, no a los pueblos que viven en las comunidades y que están permanentemente teniendo que afrontar el día a día. Los que vivimos en la región, reconocemos esta etnia y más allá de eso, no sé si es necesario poner eso. A lo mejor ciertos dirigentes lo consideran indispensable.
-Vinculado a esto se acepta la autogobernanza, las formas propias de organización Mapuche, para que cautelen el principio de inalienabilidad de la tierra indígena.
-De alguna forma están tratando de rescatar algunas cosas del convenio 169, que Chile ratificó. No sé qué tanta validez tiene si esto sigue ratificado por solamente 22 países, dentro de los cuales son casi todos latinoamericanos, y que no han logrado la solución a estos conflictos con la etnia. Los países que han avanzado mucho, casualmente no están con el convenio 169 ratificado.
-El comisionado Sebastián Naveillán, que votó en contra, dijo que el texto era octubrista.
-Yo creo que hay que tomar esto con más calma. Naveillán recoge muchas inquietudes del sector agrícola que él trató de representar, y que también son válidas. Octubrista no sé si es el término preciso. Lo que hay que rescatar es que es una buena instancia. La veo como cualquier persona más que vive en la región y ha estado sujeta a la violencia que ha generado este conflicto, y espera que se avance en la solución.
-¿No te invitaron al lanzamiento?
-No.
