Qué observar. Hasta La Moneda llegaron este miércoles 8 diputados de las 2 coaliciones oficialistas para reunirse con los equipos de la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio del Interior. Se trataba de conversar sobre el veto a la ley de usurpaciones que prepara el Ejecutivo luego de que el pasado 30 de agosto el Senado lo despachara a ley, pese a los reparos del gobierno a aspectos clave de la iniciativa
- La cita duró alrededor de 2 horas y participaron representantes del PC, Convergencia Social y RD, además del PS y el PPD. Por parte del gobierno estuvieron la subsecretaria de la Segpres Macarena Lobos, además de un grupo de asesores, entre ellos Rafael Collado, quien ha encabezado la tramitación de los proyectos de seguridad, en conjunto con la ministra Carolina Tohá.
Veto sustituvo, la vía escogida. Los personeros del gobierno le entregaron detalles de lo que hasta ahora han trabajado para presentar en el Congreso, para lo que tienen como fecha plazo el próximo viernes 29 de septiembre.
- En particular, explicitaron que van a presentar un veto sustitutivo, es decir, que reemplace lo existente, pero no de artículos en concreto, sino que de todo el proyecto aprobado por el Parlamento.
- El veto será ingresado por el Senado y para ser aprobado requiere de la mayoría simple de ambas Cámaras, mientras que para insistir en el proyecto original, la oposición necesita 2/3 de los senadores y diputados, los que no los tiene.
Los cambios que persigue La Moneda. Los personeros del Ejecutivo le explicaron a los diputados que el hecho de que sea un veto sustitutivo se debe a que si presentan un veto supresivo (o sea, que elimina una parte de la iniciativa), podría generar que la ley quede inconsistente, considerando que la idea del gobierno es sacar partes de artículos y no artículos completos.
- Los problemas del gobierno con la forma en que quedó la ley son los siguientes:
- Que las usurpaciones sean un delito de ejecución permanente (como los secuestros), vale decir, que la flagrancia dure todo el tiempo en que un inmueble esté usurpado y no solo 12 horas, es lo primero que el Ejecutivo busca modificar.
- Si bien en el gobierno están de acuerdo con esto, creen necesario precisar que la ejecución permanente del delito es de potestad exclusiva de las policías, es decir, que sólo estas últimas puedan actuar mientras un inmueble esté usurpado. Para ello realizarían una modificación al artículo 138 del Código Procesal Penal.
- La idea del Ejecutivo además es eliminar la legítima defensa privilegiada. Durante toda la discusión del proyecto en el Congreso, el gobierno fue enfático en explicitar que la existencia de la legítima defensa privilegiada, en conjunto con la flagrancia permanente, podía generar un “retroceso civilizatorio” al facultar a los dueños de inmuebles a recuperarlo tiempo después de que haya sido usurpado.
- “Ante una usurpación, los propietarios pueden organizar un grupo de personas que vayan armados con la intención de quitarle la vida a los usurpadores en cualquier plazo”, dijo Tohá a comienzos de septiembre en Tolerancia Cero.
- Al eliminar esta referencia que hace la ley despachada por el Congreso, la legítima defensa de las personas quedaría circunscrita a lo que establece la legislación chilena, o sea, que exista una defensa proporcional en el momento en que alguien es atacado.
La primera señal del PC. Con el veto también buscan fortalecer el combate contra los llamados loteos brujos —subdivisiones de terrenos usurpados para arrendarlos o venderlos— y explicitar que las penas son para las usurpaciones permanentes, pero no para las transitorias. “Se debe precisar que hay ánimo de la apropiación de la cosa inmueble”, explicitan desde el gobierno.
- Uno de los primeros en plantear esto desde el oficialismo fue el senador Daniel Núñez (PC), candidato a suceder a Guillermo Teillier en la presidencia de su partido.
- De hecho, una minuta elaborada por su equipo plantea que el texto final “pretende también sancionar a quien haga ocupación sin ánimo de señor y dueño ( intención de obrar como propietario), y con ello castigar severamente por ejemplo, las tomas de colegio o quien salte un cerco e invada propiedad privada para pasar la noche”.
Cambio de gran calado. En la reunión realizada este miércoles en La Moneda, los parlamentarios del PC le habrían planteado al Ejecutivo la necesidad de realizar otra modificación: Sacar la sanción de cárcel a quienes realicen usurpaciones no violentas —de 3 años y 1 día según la ley— y en su reemplazo dejar una sanción de multa.
- Desde el gobierno y el Socialismo Democrático están consientes que el acceder a esta petición de los comunistas podría poner en riesgo la jugada del veto, toda vez que según han conversado con dirigentes de Chile Vamos realizar modificaciones a las penas sería una “mala señal” y sería una pérdida.
- De hecho, según fuentes de la oposición, si el Ejecutivo recoge el guante de lo solicitado por el PC, estarían dispuestos a rechazar el veto y arriesgarse a no obtener los 2/3 necesarios para la insistencia, lo que podría provocar que el proyecto se caiga para ingresar uno nuevo.
- Pero no es la primera vez que el oficialismo se divide en la tramitación de este proyecto: El 10 de agosto, Apruebo Dignidad rechazó en su conjunto la idea de legislar de la iniciativa en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y luego, cuando el proyecto se discutió en particular, aprobaron sólo 2 de 5 indicaciones que repuso el Ejecutivo.
- Con todo, el Ejecutivo se comprometió a revisar esta nueva solicitud del PC y llamar a los parlamentarios del oficialismo a una nueva reunión dentro de los próximos días.
Telón de fondo. En lo que resta de tramitación de las usurpaciones no solo están en juego las señales que de el gobierno respecto a la seguridad pública, la primera prioridad de los chilenos en las encuestas y un asunto muy sensible para Boric.
- Para algunos, además, en otros sectores, como el empresarial, están mirando de cerca si la administración resiste la presión del PC -donde también se sitúa a comités de vivienda que en agosto protestaron en el frontis de La Moneda y a los cuales Boric les habló con un micrófono en sus manos- y refrenda su compromiso con el derecho de propiedad.