Fue el 4 de septiembre que la Fiscalía presentó una extensa solicitud de desafuero en contra del gobernador metropolitano Claudio Orrego y, a más de un mes de este requerimiento, la Justicia aún no resuelve el caso.
Las interrogantes en torno a esta diligencia comenzaron cuando la parte que defiende a Orrego -integrada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, además de los otros seis asesores legales que tiene el gobernador en la causa- pidió trasladar la causa a Santiago, desde Antofagasta, hito que finalmente consiguió.
Además, Orrego también se quedó con otra contienda judicial, cuando el comité penal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió no querellarse en contra del gobernador.
El rol del CDE llama la atención entre los intervinientes de la causa, pues el Consejo actúa en representación del GORE en la arista civil del caso ProCultura, dado que la Gobernación reclama el no pago de las pólizas acordadas para cubrir el millonario traspaso a ProCultura.
Por lo mismo, resultaba llamativo -para distintas fuentes del caso- el hecho que también pudiera querellarse en sede penal, ahora, para enfrentar a Orrego.
El conflicto radica en que la aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR) no ha pagado las cinco pólizas de garantías del convenio, las que suman cerca de $1.000 millones. Este seguro fue tomado por ProCultura, a pedido del GORE, en caso de no rendir los dineros comprometidos, por más de $1.600 millones. Como el convenio terminó por los cuestionamientos del caso Democracia Viva, el Gore exigió a la aseguradora el cobro de los fondos, iniciándose así una causa civil en tribunales.
La contratación de este seguro es algo que la Fiscalía también busca esclarecer y, por lo mismo, ya se han tomado distintas declaraciones en la causa. Una de ellas, la de Israel Chamorro, jefe jurídico del GORE Metropolitano, quien señaló que “el día 18 de diciembre del año 2023 (un día después de cumplirse el plazo de pago) se nos notificó la medida prejudicial precautoria requerida por ASPOR (Aseguradora Porvenir)... Producto de lo anterior, el día 19 de noviembre del año 2023, el Gobernador Regional convocó a un nuevo comité de crisis”.
En esa misma línea, agregó que “a mí me correspondió redactar los documentos legales e ingresar la denuncia, redactar el oficio al Consejo de Defensa del Estado y el Gobernador llamaría al Presidente del Consejo de Defensa del Estado. Acordándose entre las autoridades (Gobernador y el Presidente del Consejo de Defensa del Estado) que se asumiría la representación del GORE en la causa civil mencionada, sin perjuicio de la formalidad que se debía realizar, y dada la premura de los plazos para reponer la medida prejudicial precautoria”.
El CDE hoy vivirá una jornada clave, dado que en el Consejo se analizará la decisión del comité penal de no querellarse contra Orrego. En paralelo, además, la institución ya resolvió querellarse en tres aristas del caso contra Alberto Larraín, director de ProCultura.
La “comunicación” con el presidente de las aseguradoras
Otra comunicación por este caso fue la que se habría dado entre el gobernador metropolitano, el gerente de la aseguradora Porvenir (ASPOR) y el presidente de la asociación de aseguradoras.
Así lo relató la María de la Luz Berg, gerenta comercial de ASPOR, quien declaró que “el gerente general de ASPOR Juan Eduardo Ovalle y Marcelo Mosso (director ejecutivo de la asociación de aseguradores de Chile), para informarle que Claudio Orrego está presionando para que que la asociación apurara el pago de ASPOR respecto a las pólizas cobradas del programa "Quédate", las que correspondían a 5 pólizas por un monto de 31.000 UF”.
El manejo de los recursos en torno al convenio y cómo se contrataron pólizas siendo que ProCultura no habría tenido el respaldo económico llama la atención de los investigadores. Lo mismo en cómo se invirtieron estos recursos en fondos mutuos.
Un informe de la PDI señala que “del análisis bancario de la cuenta corriente (de ProCultura) se verificó el abono inicial de $1.683.788.000 el día 9 de noviembre de 2022 y, ese mismo día, un cargo equivalente correspondiente a inversión en fondos mutuos por $1.638.788.000. Entre 2022 y 2023 se identificaron reiteradas operaciones de inversión y rescate en fondos mutuos, destacando transacciones de alto monto como una inversión de $760.000.000 el 11 de mayo de 2023 y rescates parciales”.
En tanto, otras de las declaraciones que alertan sobre una presunta irregularidad en el convenio, de acuerdo al informe de la PDI, es la que entregó a la Fiscalía Rodrigo Henríquez, funcionario del ministerio de Desarrollo Social que también conoció el contrato entre el GORE Metropolitano y ProCultura.
Su rol era “coordinar con la dirección de presupuestos la permanente actualización y revisar las normas y procedimientos de inversión pública”.
Sobre el programa “Quédate” y cómo ProCultura llegó a obtener más de $1.600 millones en recursos públicos por parte del GORE, señaló que “la iniciativa no ingresó formalmente… la iniciativa no registra fecha de postulación... no cuenta con resultados del análisis técnico económico... y por lo tanto, no cuenta con historial de resultado. Lo anterior implica que ningún analista fue asignado a su revisión".
Según su apreciación, “basándome principalmente en el nombre de la iniciativa, la justificación de este programa, resulta a lo menos compleja”, agregando que “no se analizó su pertinencia, la completitud de los antecedentes, la sujeción de la metodología ni otros requisitos”.
Consultados, desde el GORE METROPOLITANO señalaron que "el CDE es el órgano encargado de velar por los recursos públicos y nos está apoyando -hace casi dos años- para recuperar los mil millones defraudados por Procultura. El Gobernador Claudio Orrego protegió el 100% de los fondos del proyecto de prevención del suicidio "Quédate", exigiendo garantías o pólizas de seguro, mucho antes que la ley lo requiriera. El CDE nos está defendiendo para que la aseguradora ASPOR pague las pólizas de primer requerimiento, que ilegalmente se ha negado a pagar, y por lo que la CMF ya los multó. El gobernador y el Gore Metropolitano siempre han señalado que no descansarán hasta recuperar los mil millones que no se ejecutaron y que estaban correctamente protegidos con la aseguradora".
