La Fiscalía de Chile cuestionó el proyecto de ley presentado por el gobierno en el marco de la “agenda antiabusos”, que busca atacar los delitos de colusión y reforzar la defensa de la ciudadanía frente a los abusos públicos y privados.
“Aunque valoramos la iniciativa, echamos de menos que sea la Fiscalía de Chile quien tenga la posibilidad de ejercer la acción penal en delitos de colusión, de carácter tributario y también aduaneros”, dijo el Fiscal Nacional Jorge Abbott.
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“Sabemos que los proyectos de ley se escrituran en el Congreso y ahí insistiremos en que sea el Ministerio Público quien inicie de oficio la investigación penal en estos casos, particularmente en los más graves y que hasta ahora han quedado en la impunidad”, agregó.
El anuncio tiene 3 aristas y de acuerdo al gobierno el primer foco es la colusión: fortalecer la Fiscalía Nacional Económica, en términos de aumentar las penas de estos delitos, carteles, y prácticas contra el mercado, con cárcel efectiva, además de crear un ítem para los delitos de financiamiento ilegal de la política, a los cuales el gobierno extenderá los plazos de prescripción de 2 a 5 años, de manera que puedan ser perseguidos con mayor severidad.
"Los delitos contra la democracia deben ser tratados con la misma vara y sin ningún trato preferente", afirmó al respecto el Presidente Piñera durante la mañana.
La idea es dar a conocer también la figura del informante anónimo, con mecanismos de protección a quien al interior de la compañía o fuera de ella, denuncie prácticas ilegales, con un registro que va a ser monitoreado por la Contraloría, de manera que la ley antiabusos y anticorrupción se enmarque también en lo público.
"Estos proyectos aumentan las penas y establecen en algunos casos prisión efectiva como un forma de disuadir que sigan existiendo conductas de carteles, colusiones, o anticompetitivas", detalló.