La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que esta semana enfrentará la acusación constitucional que impulsa parte de la oposición en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La representante del Gobierno de Gabriel Boric acusó que el juicio político que fue anunciado por el Partido Social Cristiano, pero que es apoyado por Chile Vamos y el Partido Republicano, solo responde a razones de “homofobia y discriminación”.
“Por lo que hemos visto y analizado de la acusación constitucional contra el ministro Ávila, no hay argumento político-jurídico que la sostenga. Esta es una acusación constitucional que se ha inspirado en la homofobia y la discriminación”, recalcó la ministra Vallejo.
“No hay una línea de esa acusación constitucional que tenga sustento político y jurídico. Entonces, para aquello, nuestro gobierno no va a estar disponible y esperamos que en el análisis del mérito de esta acusación constitucional no existan las mayorías para validar un acto tan elevado de homofobia y discriminación en contra de un ministro de Estado a quien se le ha acusado de hechos que no corresponden al periodo de su administración”, añadió.
Quienes impulsan esta acusación la hicieron bajo el argumento que el ministro Ávila impulsaría una “ideología de género” en las aulas y privaría a los padres del “derecho preferente de los padres a educar a sus hijos”.
Esto se dio luego de la polémica por la distribución de una guía para la sexualidad afectiva que distribuyó el Ministerio de Educación en distintos recintos municipales, que data del año 2017 y al que se le hizo una actualización en mayo de 2023. Aquel documento entrega sugerencias sobre el trato hacia personas pertenecientes a las diversidades sexuales.
Desde la oposición han dicho que estarían los votos para que la acusación constitucional avance en la Cámara de Diputadas y Diputados, y desde La Moneda esperan que el Caso Convenios no influya en esta votación, dado que Ávila es militante de Revolución Democrática (RD), el principal partido involucrado.
“Nosotros como gobierno creemos que todos los que estamos en política debemos estar a la altura (...) mire al absurdo que nos lleva de repente el debate a propósito del Caso Convenios: Se trata de perseguir políticamente a cualquier militante del partido que ha tenido un caso asociado a actos que pueden vulnerar la probidad, e incluso constituir delito”, dijo la ministra Vallejo.
“Si fuese por eso, hemos tenido varios casos de corrupción en nuestro país; Cso Penta, Caso SQM, casos relacionados con municipios… Si fuera por esa lógica, o esa racionalidad, estaríamos diciendo que cualquier militante de casi todos los partidos que existen en Chile, incluyendo a los de la oposición, deberían estar siendo expulsados o sancionados solo por el hecho de ser militantes”, añadió.