El Gobierno de Gabriel Boric defendió, este lunes, su actuar ante los polémicos convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que ha obligado a abrir investigaciones en otras regiones sobre los contratos firmados por el Ejecutivo con distintas fundaciones.
En este marco, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, anunció la creación de una comisión de expertos y expertas que buscará generar un nuevo trato entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
“El objetivo general de esta comisión de expertos es establecer un nuevo trato con las instituciones privadas sin fines de lucro, estamos hablando de fundaciones y corporaciones donde primen los principios de transparencia, de efectividad, eficiencia y rendición de cuentade los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el ejecutivo”, explicó la ministra Vallejo.
“Cada requerimiento de información será entregado con cinco años de antigüedad. Insistimos, esto tiene que ser caiga quien caiga. Hemos decidido conformar un equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional. Esto va a ser un equipo de trabajo que tiene un plazo de 45 días para poder cumplir con los objetivos para los cuales se le ha convocado”, añadió.
La secretaria de Estado defendió las decisiones políticas tomadas por el Ejecutivo hasta ahora, como la salida de la ahora exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas por el caso, y aseguró que el Presidente, Gabriel Boric, no ha hecho “blindajes” a las autoridades de otras regiones que serán investigadas por casos similares al de Democracia Viva.
“El gobierno es el más interesado en que estos casos se investiguen, se esclarezcan y que todo quien tiene responsabilidad asuma su responsabilidad (...) Como gobierno hemos actuado porque somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga y quien tenga que asumir su responsabilidad”, insistió la vocera de gobierno.
“Hemos procedido no sólo a establecer responsabilidades políticas, sino que también hemos iniciado, cada vez que sea necesario, investigaciones sumarias, sumarios administrativos y hemos colaborado y seguiremos colaborando con la justicia en la entrega de toda la información correspondiente”, agregó.
Desde la oposición han pedido que sea el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien asuma las responsabilidades del caso, pero el secretario de Estado aseguró que no renunciaría y que una eventual salida está en manos del Presidente Boric.