El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, descartó que el director general de la Policías de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, haya presentado su renuncia al cargo, y aseguró que la formalización del martes será un “punto de inflexión” para que el Gobierno de Gabriel Boric tome una decisión sobre su futuro.
Monsalve se refirió a la acusación que hará la Fiscalía Oriente contra el director de la PDI, y pese a que este viernes estuvo en el Palacio de La Moneda, no aseguró su salida inmediata del cargo.
“Respecto a las decisiones que, eventualmente el gobierno pueda tomar, como también lo hemos dicho en otras oportunidades, la formalización en una causa que está siendo investigada, para el gobierno siempre constituye un punto de inflexión respecto a los cuales tomar decisiones”, dijo Monsalve.
“Las renuncias el gobierno siempre las informa por canales oficiales, no por trascendidos. Por supuesto cuando hay una renuncia se informa por vías oficiales, y no ha habido ninguna vía oficial para informar aquello”, agregó.
La decisión del gobierno es la misma que se tomó con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien será formalizado en mayo por eventuales delitos cometidos durante el estallido social, cuando tenía responsabilidad de mando. Para aquel caso, el Ejecutivo también dijo que esperarían a la formalización de cargos para tomar una decisión.
De qué se le acusa al director general de la PDI
La Fiscalía Oriente emitió órdenes de entrada y registro en la casa de Muñoz, y también en el cuartel de la PDI, luego de realizar pericias en el celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucran directamente al director general de la PDI.
A Sergio Muñoz se le vincula al delito de infracción al artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal.
La Ley 19.913 en materia de lavado y blanqueo de activos, en particular al artículo 31, habla de entregar o difundir antecedentes de una investigación a terceros ajenos al procedimiento o a terceros afectados en la indagatoria.
El artículo 246 del Código Penal en tanto, sanciona al empleado público que indebidamente anticipe, en cualquier forma, el conocimiento de documentos, actos o papeles que tengan a su cargo y que deban ser publicados.
Desde la Policía de Investigaciones emitieron un comunicado por el allanamiento en el domicilio y la oficina del director general.
"La institución y el director general, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos", dijeron escuetamente.