Durante la tarde de este lunes, el Gobierno ingresó al Senado el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, una de las iniciativas de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La propuesta llega al Congreso después de que el borrador generara reparos incluso dentro del oficialismo, especialmente por las restricciones que contemplaba para acceder a determinados beneficios financiados con recursos fiscales, entre ellos las prestaciones de salud.
Tras el ingreso de la iniciativa, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que la reforma establece una inhabilidad de 15 años para acceder a determinados beneficios una vez cumplida la condena, pero que los criterios específicos deberán ser definidos posteriormente por una ley de quórum calificado.
"Las eventuales restricciones que tendrían respecto de beneficios pagados con recursos fiscales, quedan entregados a una Ley de quórum calificado, es decir, esa materia va a tener que ser regulada y está entregada al legislador. Pensamos que es una muy buena forma de que, finalmente, tenga todo el respaldo del sistema político y por supuesto, también del parlamentario".
El proyecto comenzará ahora su discusión en el Senado. "Este es un proyecto de reforma constitucional, que se da cuenta mañana en el Senado, y que naturalmente queda sujeto al trabajo parlamentario, al debate legislativo, a que se construyan los acuerdos. Estamos hablando de una reforma constitucional que obviamente tiene un quórum alto, entonces hay que esperar finalmente qué es lo que se resuelve en el Congreso".
La iniciativa es parte de la agenda de seguridad que presentó este 5 de agosto el Gobierno. En medio de los cuestionamientos que han surgido, García Ruminot defendió el contenido de la propuesta y llamó a esperar el debate parlamentario.
"Esta es la propuesta del Ejecutivo, tenemos una absoluta convicción de que es una gran necesidad para el país. Chile está exigiendo más protección y seguridad, y vamos a defender nuestras posiciones, pero esto finalmente queda entregado a la discusión parlamentaria".
Los principales cambios que propone la reforma constitucional de seguridad
1. Seguridad pública como deber del Estado
El proyecto modifica el artículo 1° de la Constitución para establecer expresamente que el Estado tiene el deber de resguardar no solo la seguridad nacional, sino también la seguridad pública.
2. Nuevo estatuto contra el crimen organizado y el terrorismo
La iniciativa incorpora un nuevo artículo 9° bis, que establece el deber del Estado de proteger la seguridad pública frente al crimen organizado y las conductas terroristas.
La norma también permite establecer regímenes penitenciarios especiales para condenados por estos delitos, con posibles restricciones a sus comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios cuando exista riesgo de que continúen coordinando actividades ilícitas desde prisión.
3. Mayores restricciones para condenados
La reforma contempla nuevas consecuencias para quienes sean condenados por delitos relacionados con el crimen organizado o el terrorismo. Entre ellas está la pérdida de determinadas prestaciones financiadas con recursos públicos y una inhabilidad de 15 años para acceder a penas sustitutivas o beneficios penitenciarios.
En el caso de condenados por crimen organizado, además, se establece una inhabilitación perpetua para ejercer cargos o funciones públicas, sean o no de elección popular.
4. Registros de organizaciones criminales
El proyecto modifica el artículo 19 de la Constitución para permitir la creación de registros de organizaciones criminales.
La incorporación de una agrupación en estos registros no implicará, por sí sola, que todos sus integrantes sean considerados responsables de delitos. El Ministerio Público deberá acreditar individualmente la participación de cada imputado, de acuerdo con las reglas generales del proceso penal.
5. Nueva atribución para el Presidente
La reforma modifica el artículo 32 y entrega al Presidente la facultad de declarar que una determinada agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado.
Para ello deberá contar previamente con un informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. La declaración, además, deberá ser ratificada por el Senado en una sesión secreta y con el voto favorable de dos tercios de los senadores en ejercicio para que produzca efectos.
6. Nuevo estado de excepción de seguridad pública
La propuesta crea un nuevo estado de excepción constitucional que podrá ser decretado cuando exista una amenaza grave e inminente para la seguridad pública, o cuando esta ya haya sido gravemente afectada.
Su duración inicial será de hasta 120 días y podrá extenderse por otro período equivalente. Las prórrogas posteriores requerirán la aprobación del Congreso Nacional.
7. Nuevas facultades durante el estado de excepción
Durante este régimen, las zonas afectadas quedarán bajo la dependencia inmediata de un Oficial General designado por el Presidente.
El Ejecutivo podrá restringir o suspender la libertad personal y de desplazamiento, además de los derechos de reunión y asociación. También podrá disponer la interceptación de comunicaciones y la requisición de bienes, en los términos que establezca la legislación complementaria.
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