El Gobierno solicitó la renuncia del delegado presidencial provincial de Chañaral, Sebastián Urrejola Aranda, luego de que la Contraloría Regional de Atacama acreditara que mantenía una ocupación irregular de un inmueble fiscal en el sector de Portofino, en la comuna de Chañaral.
La decisión fue comunicada por el Ministerio del Interior tras conocerse el pronunciamiento del organismo fiscalizador, que determinó que la situación vulneraba el principio de probidad administrativa.
Gobierno solicita salida de delegado de Chañaral
De acuerdo con el comunicado del Ministerio del Interior, el Ejecutivo sostuvo que la probidad, el respeto a la legalidad y la ética pública son principios que deben regir el actuar de los funcionarios y representantes gubernamentales.
Tras la salida de Urrejola, la subrogancia de la Delegación Presidencial Provincial de Chañaral quedó en manos de Fernando Flores Fredes, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Atacama.
Flores asumirá las funciones mientras el nivel central define quién ocupará de manera titular el cargo.
Contraloría detectó ocupación irregular en Portofino
El pronunciamiento de la Contraloría Regional de Atacama está fechado el 7 de agosto de 2026 y se originó a partir de una denuncia presentada bajo reserva de identidad respecto de un inmueble fiscal ubicado en Portofino.
Según los antecedentes recopilados por la Seremi de Bienes Nacionales, un catastro realizado en 2019 ya había constatado que Urrejola mantenía una ocupación irregular en el terreno.
La situación fue nuevamente verificada durante una fiscalización en terreno realizada el 2 de junio de este año.
El inmueble tiene una superficie aproximada de 1.000 metros cuadrados, se encontraba cercado y contaba con una construcción de material ligero.
Bienes Nacionales estimó que la ocupación se habría extendido durante aproximadamente 16 años.
La situación y las funciones que tenía como delegado
Uno de los elementos considerados por Contraloría fue el cargo que ejercía Urrejola al momento de los hechos.
Según los antecedentes, el delegado presidencial provincial tenía entre sus atribuciones legales funciones relacionadas con la fiscalización de bienes fiscales y la posibilidad de requerir su restitución.
El organismo fiscalizador concluyó que esta circunstancia hacía especialmente relevante la ocupación irregular detectada.
Además, Contraloría instruyó a la Subsecretaría del Interior iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
La entidad fiscalizadora solicitó que se informe sobre el avance de dichas diligencias dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Bienes Nacionales deberá gestionar el desalojo
Paralelamente, la Seremi de Bienes Nacionales deberá iniciar las acciones destinadas a poner término a la ocupación irregular del inmueble.
Entre las medidas contempladas se encuentra gestionar el desalojo del terreno fiscal y efectuar el cobro correspondiente por el período durante el cual el inmueble habría sido utilizado de manera irregular.
