El Gobierno del Presidente Gabriel Boric se abrió a acceder a endurecer algunas medidas para el control migratorio en el marco de las conversaciones para reiniciar la mesa de seguridad con la oposición.
Según reportó La Tercera, la ministra del Interior, Carolina Tohá, busca concretar el acuerdo y se encuentra dialogando con bancadas de la oposición, principalmente con senadores de Renovación Nacional, para manifestar la apertura de La Moneda para acceder en algunas propuestas realizadas por ellos.
En esa línea, hay iniciativas comprometidas de parte del Ejecutivo para avanzar en el endurecimiento del control de las fronteras, independiente de disponer personal de las Fuerzas Armadas en algunas zonas.
Una de ellas tiene que ver con extender el plazo máximo de detención para ejecutar la medida de expulsión administrativa, pasando de 48 a 96 horas, antes de ponerlo a disposición de un juez.
Otra medida es el control de identidad de personas ubicadas en zonas y rutas fronterizas, hasta 10 kilómetros de la frontera, con exclusión de centros urbanos. En ese procedimiento se considerará también la posibilidad de registrar vestimentas y equipajes.
Además, también se pretende implementar un análisis previo para quienes soliciten refugio en Chile.
En abril de 2022, el Gobierno modificó por decreto la Ley 20.430, que regula el ingreso de refugiados al país. En detalle, La Moneda eliminó el artículo 37 bis, que establecía que toda persona que solicitaba refugio debía cumplir con requisitos como fundar una persecución política, de raza, de religión o de nacionalidad; o que su seguridad o libertad se viera amenazada en su país de origen; además de no poder regresar a su país por dichos motivos.
Ahora, el Gobierno decidió modificar la Ley de refugiados para aumentar los controles a quienes soliciten albergue en el país. En específico, se propone modificar la Ley 20.430 sobre protección de refugiados para hacer un análisis previo antes que se reconozca como solicitante de refugio a una persona.