Durante los meses de discusión en torno a la fórmula que iniciaría la gratuidad en la educación superior 2016, la Alianza calificó la alternativa inicial planteada por el gobierno como “arbitraria y discriminatoria”, porque permitía el ingreso directo a la medida a las universidades del Consejo de Rectores, haciendo distinción en cuanto a universidades privadas, CFT e IP.
Ante dichos reparos, el Tribunal Constitucional, hizo que el gobierno adoptara nuevas disposiciones para que se diera inicio al beneficio, que ahora mezcla el sistema de becas y aportes directos a las instituciones.
Al respecto, en junio de este año, el Banco Mundial elaboró un informe -encargado por el gobierno- en el que criticaba igualmente la medida inicial, recomendando que “la misma fórmula básica debe aplicarse a los distintos tipos de instituciones. Crear diferentes fórmulas (...) complica la operacionalización del sistema y puede conducir a inequidades, innecesarias estratificaciones o percepción de discriminalidad en la distribución de recursos”, según cita La Tercera sobre el texto.
El informe tuvo como propósito orientar sobre cómo alcanzar la gratuidad total y contribuir a informar en torno a la mejor manera de determinar los costos de formación de la educación terciaria. Sin embargo, según expertos consultados por el diario, el gobierno hizo caso omiso a las sugerencias.
El informe sugiere etapas para implementación del nuevo modelo de financiamiento. Entre los primeros pasos está potenciar el sistema de aseguramiento de la calidad, incluir a todos los actores y se sugiere conformar grupos de discusión y trabajo con los recintos y un sistema de control de gastos adecuado.
El gobierno se comprometió a entregar la próxima semana el proyecto de educación superior, que contempla el cambio de financiamiento para alcanzar la gratuidad al 70% en el gobierno de Bachelet.