Por Esteban González

30 Juegos de vajilla, 60 pelotas de fútbol, 322 litros de gasolina y 2500 litros de petróleo es parte de los 68 gastos por un total de $12 millones que la Tesorería del Senado reembolsó o pagó al senador Eugenio Tuma (PPD) y que fueron objetados por el Comité de Auditoría Parlamentaria en un desconocido informe elaborado a fines del 2014.

T13 tuvo acceso en exclusiva al texto denominado “Trabajo Especial: Rendición de gastos operacionales Senador Eugenio Tuma Z.”, de fecha 29 de noviembre de 2013, donde se plasmó la revisión que la entidad auditora hizo de las rendiciones de “gastos operacionales” del parlamentario entre marzo de 2010 y junio de 2012. El examen provocó que en enero de 2015, un año después de recibir el informe, el senador devolviera a la corporación cerca de $9 millones por las rendiciones irregulares.

En total, el Comité de Auditoría Parlamentaría revisó 3300 comprobantes de pago, por un total de $90 millones y encontró gastos que califica como “no significativos”, pero que al mismo tiempo “se contraponen con el marco normativo vigente en el periodo en el que se originaron, o bien, corresponden a errores en las rendiciones de cuentas”.

El ítem donde más se cuestionan los reembolsos al senador son compras de bienes o servicios por $2,6 millones que fueron realizados por la esposa, el hijo y el hermano de Tuma. A juicio del Comité, en los pagos “no se ha podido validar su correspondencia con la actividad parlamentaria”.

En el desglose hay 17 compras realizadas por la esposa de Tuma, Samia Zeidán, por un total de $2.260.371. Los pagos más abultados son diferentes boletas y facturas de combustible: al menos 322 litros de gasolina por $305.911 pesos y 2.507 litros de petróleo por $1.405.980. Además, se incluye la compra de un computador Sony Vaio Q por $499.990 y gastos menores de alimentación, como pizza o la visita a un bar en Providencia.

Junto con los pagos autorizados por su esposa, también hay comprobantes autorizados por el diputado y hermano del senador, Joaquín Tuma, por $417.387 en muebles de oficina comprados a un martillero público.

Por otra parte, la auditoría también objeta la compra de objetos que el Comité presume “corresponderían a aportes a organizaciones sociales”. Entre ellos, están enseres domésticos, un equipo de bingo profesional, equipamiento deportivo, dulces y golosinas, entre otros, por $2,5 millones.

En esa misma línea, se cuestionan 3 facturas con las que se paga la impresión de 10.000 calendarios del año 2011, una revista del parlamentario y un “Saludo navideño 2011”, todo lo anterior por un monto de $1.707.650.

El resto de los gastos en los que el Comité realizó observaciones se compone de 19 comprobantes, en su mayoría de pagos a radios por difusión parlamentaria, en los que “no se puede distinguir al aceptante de los bienes o servicios”. En total, este ítem corresponde a $3,9 millones.

Pese a que el informe llegó a manos de Tuma a fines de noviembre de 2013, en enero de 2015 devolvió a Tesorería del Senado parte de los dineros que se le habían reembolsado fuera de la normativa de la Corporación. Según cercanos al parlamentario, esto se produjo tras una serie de intercambios de información con el propio Comité de Auditorías.

El examen de cuentas fue pedido por Tuma en abril de 2013, luego de que se conociera que en la campaña a consejera de la Conadi de su ex asesora Ana Llao Llao se habrían utilizado recursos de las asignaciones parlamentarias. Posteriormente, el senador fue denunciado por su ex jefa de gabinete, Claudia López, por el supuesto uso irregular de recursos del Senado, lo que terminó con el allanamiento de su oficina parlamentaria en Temuco en noviembre pasado.

El senador Tuma hoy es investigado por Luis Arroyo, fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad de Temuco, por el supuesto uso de asignaciones parlamentarias para financiar campañas políticas. Entre los receptores de esos dineros estarían su hija, Romina Tuma, y el actual gobernador de la Provincia de Cautín, José Montalva.

Hasta ahora Tuma no ha declarado en la investigación judicial, pero ha señalado que no tiene responsabilidad en los dineros mal utilizados y que la responsabilidad sería del personal de apoyo de sus oficinas parlamentarias.

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