La abogada María Leonarda Villalobos Mutter será nuevamente formalizada por su relación con el caso Factop, específicamente, por grabar el audio que reveló los pagos a funcionarios públicos .
Recordemos que el caso Audio-Factop estalló a fines de 2023, cuando se filtró una grabación privada (grabada secretamente por Villalobos) en donde los abogados Luis Hermosilla y Villalobos hablaban con Daniel Sauer, empresario y controlador de la firma de factoring Factop, sobre el pago de sobornos a funcionarios públicos.
El Ministerio Público descubrió los delitos de estafa masiva con facturas falsas y una red de corrupción para conseguir información confidencial de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para favorecer sus negocios.
La Fiscalía solicitó 20 años de presidio mayor en su grado máximo en contra de Sauer, 17 años de presidio mayor en su grado máximo en contra de Hermosilla y 18 años de presidio mayor en su grado máximo contra Villalobos. Revisa el detalle de las penas solicitadas por el Ministerio Público pulsando aquí.
La otra querella contra Leonarda Villalobos
Según recoge La Tercera, en diciembre de 2023 Daniel Sauer declaró que Leonarda, “tentando su calidad de abogada del suscrito, con fecha 22 de junio de 2023, en el marco de una reunión previamente concertada, grabó ilegal y subrepticiamente conversaciones privadas al interior de un recinto particular, en una instancia de paradigmática intimidad y vedamiento para terceros, para luego compartirlas con mi exsocio, Rodrigo Topelberg, todo lo cual derivó en su divulgación a nivel nacional”.
En enero de 2024 los abogados que representan a Sauer, Octavio Sufán y Pablo Araya Zacarías, presentaron una querella en contra de Leonarda Villalobos por el delito de prevaricación.
Este ilícito corresponde a cuando un profesional realiza una acción bajo el conocimiento de que es injusta o contraria a la ley. Según el medio antes citado, “puede ser cometido por jueces, árbitros judiciales, abogados en el libre ejercicio de su profesión o funcionarios públicos que tienen poder de resolver”.
En la denuncia, Sufán y Araya indicaron “esta abogada de pocos años de ejercicio de la profesión, en coautoría con otro(s) abogado/a(s), se permitió traspasar límites éticos, legales y morales que ningún abogado puede permitirse: como vulnerar el secreto profesional, engañar a su cliente cobrando indebidamente dinero por supuestos e inexistentes ‘diligencias necesarias’, atribuirse gestiones que nunca hizo, divulgar información reservada a sus adversarios comerciales o judiciales, con quienes incluso mantenía una estrecha e íntima relación de amistad y un largo etc.”.
Recién esta semana, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó una audiencia para la nueva formalización de la abogada con fecha 14 de diciembre de 2026, a partir de las 12:00 horas, consignó La Tercera.
