Uno de los recortes para el presupuesto de 2027 que generó reparos es el del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC), una herramienta esencial para implementar la "Ley Cholito".

Este programa va a experimentar una reducción cercana al 86%. Es decir, los recursos asignados pasarán de $3.634 millones a 514 millones. 

Al conocerse esta decisión, desde la oposición se cuestionó el desfinanciamiento del programa, La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, por ejemplo, manifestó que es "muy grave" y que "todo eso ahora pretende trasladarse a los municipios que ya estamos haciendo enormes esfuerzos con recursos limitados". 

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) señalaron a The Clinic que "la inversión no se detiene" y seguirá funcionando en las distintas comunas. Asimismo declararon que "en diez años nunca se ha evaluado y no hay un indicador de impacto real que nos permita saber si estamos reduciendo el abandono, las jaurías o las mordeduras". 

Esta definición, además, se da luego de que la Contraloría, en su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (Radar), advirtiera un uso indebido de fondos públicos destinados a la protección de mascotas. 

Qué dice la Contraloría

En el reporte, publicado a finales de junio, la Contraloría señaló que existieron falencias en la ejecución de programas municipales que son financiados por la Subdere e inconsistencias en registros nacionales. 

De acuerdo con el análisis, entre 2017 y marzo de 2026, las municipalidades han recibido $33.647.556.550 a través del PTRAC. Sin embargo, 61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni control poblacional, pese a haber recibido $5 mil millones desde 2022.

A ello se suma que 25 municipalidades no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable, 178 no tienen lector de microchip o no informaron sobre su disponibilidad, y 31 mantienen o financian caniles que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal.

Junto con ello, se detectaron inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos. 

De acuerdo con el organismo fiscalizador, la inconsistencia se encuentra en la identificación de los responsables de los animales, pues de 39.987 personas, solo 748 realizaron el curso de adiestramiento exigido para los animales potencialmente peligrosos. 

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