En medio de la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el Presidente José Antonio Kast enfatizó que la responsabilidad fiscal no solo busca poner un límite al aumento del gasto total del Estado, sino también fiscalizar en qué se utiliza "cada peso" de los fondos públicos.
Como parte del diseño presupuestario, el Mandatario señaló que su administración realizó una revisión de 632 programas en 23 ministerios, y aseguró que cada cartera "tuvo que proyectar su gasto no solamente para el próximo año, sino para los próximos cinco años."
De esta manera, el Gobierno planteó un criterio de asignación de recursos basado en el desempeño de estos 632 programas:
"Los que funcionan, crecen. Los que no dan resultados, tendrán que mejorar antes de recibir un peso más", advirtió el Mandatario durante la cadena nacional.
Según Kast, el objetivo es asegurar que los compromisos asumidos sean sostenibles en el tiempo. "Prometer es fácil, lo difícil es financiar y cumplir lo prometido en 2028, en 2029 y en 2030", remarcó el Jefe de Estado.
Para explicar la importancia que tiene el control de las cuentas públicas, el Presidente detalló el impacto financiero del endeudamiento fiscal de Chile.
"Hace seis meses recibimos un Estado que llevaba más de una década gastando más de lo que recibía".
"Solo el año 2026, un 5,3% del Presupuesto, se gastó en el pago de intereses de esa deuda (...) Cada peso que hoy pagamos en intereses es un peso que no llega a un consultorio, a un jardín infantil o a una comisaría", argumentó el Presidente.
En materia de gestión administrativa, el Mandatario también expuso las irregularidades qu ha detectado su administración en las compras estatales y anunció medidas de ahorro:
- Convenios marco: Se detectaron más de 8 mil millones de pesos en sobreprecios pagados por el Estado por encima del valor de mercado.
- Arriendos de oficinas públicas: Mediante el ajuste de los contratos de alquiler a precios de mercado, el Gobierno proyecta ahorros de hasta 5 mil millones de pesos al año.
Finalmente, el Mandatario aclaró que el ordenamiento de las cuentas no significará una reducción en beneficios sociales establecidos por ley, como la PGU, la gratuidad en educación o la salud, pero sí un mayor control sobre la asignación de estos recursos.
También te podría interesar:
