El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, recalcó que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha enfrentado directamente las situaciones derivadas del denominado “Caso Convenios”.
Consultado por las declaraciones del diputado Schalper, quien afirmó que hubo un cambio de gabinete de facto en donde Cordero asumió la vocería del Ejecutivo, el aludido afirmó que el parlamentario se equivoca.
“Yo creo que a veces él se confunde, lo que he hecho es cumplir mi labor de ministro de Justicia íntegramente, pero los conflictos que han ocurrido en el último tiempo han tenido un aspecto técnico/jurídico que es necesario explicar. Creo que es conveniente explicar, siempre es bueno tener presente que explicar que no es justificar y que algunos de los conflictos que hemos tenido en el último tiempo requiere de una explicación de instituciones jurídicas básicas”, afirmó el ministro en Tele13 Radio.
En ese sentido, Cordero afirmó que “el Gobierno lo que ha hecho es enfrentar directamente la situación, no es una situación fácil cuando tiene un número significativo de recursos públicos que aparecen transferidos a corporaciones y fundaciones, unas que actúan de un modo irregular que justifican o aparecen estos audios, por cierto, el efecto que produce de indignación es brutal y la sensación que cualquier transferencia pudiera estar en las mismas condiciones es muy compleja porque uno tiene que tratar de enfrentar aquellas que son genuinas irregularidades y actos de corrupción de aquellas que necesitan ser aclaradas, pero que igual han sido ejecutadas adecuadamente”.
“Hay un aspecto que es clave en todo esto y tiene que ver con la afectación de la confianza, pero también tener cuidado con el tercer sector. Las instituciones de la sociedad civil cumplen un rol relevante para la política pública y ahí hay una tensión y esa tensión creo que es necesario ir despejándola”, indicó el titular de Justicia.
Ley de usurpaciones
Con respecto a la denominada Ley de Usurpaciones, Cordero recordó que la definición de “usurpaciones es la ocupación ilegítima de la propiedad de otro con o sin medio violento. El problema central es que el marco penal chileno dispone de penas muy bajas, más bien mulas en casos de usurpación”.
“Tenemos acuerdo en algunas cosas que son relevantes: es necesario aumentar las penas, que la usurpación tiene que ser entendida como un delito permanente, que si la usurpación es violencia por cierto usted tiene que tener un régimen de penas mucho más alto”, agregó.
En ese sentido, indicó que “sobre los cuales existe consenso, a mi la sensación que me da en algunas cuestiones del debate público es que cuando tenemos consenso tenemos que mostrar divergencia de alguna manera y eso es un problema”.