El ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes, defendió la expropiación de 100 de las 215 hectáreas de la toma de San Antonio, terreno en el que se iniciará un proyecto de urbanización.
En conversación con Tele13 Radio el secretario de Estado aseguró que "dijimos siempre 'hasta el último día tenemos que intentar que no haya desalojo'. Tres mil niños viven ahí, esto está al lado de los veraneantes, está al lado de todo el traslado de las frutas hacia la costa (…) Esto puede generar una situación humana muy compleja".
Es por ello, sostuvo, que como gobierno "llegamos a la conclusión que la última alternativa, para avanzar en el proyecto habitacional, era ponerse de acuerdo, responderle a los vecinos que teníamos que sacar a las personas que se lo habían tomado, pero bajo ciertas condiciones".
"Una de las condiciones era que ellos tenían que pagar el equivalente al valor del terreno (...) y el ministerio tenía que expropiar el terreno e iniciar un proyecto de urbanización con el aporte de los vecinos y los subsidios normales", explicó.
El monto que será pagado a los dueños sería cercano a los $11 mil millones y, de acuerdo con Montes, son las personas que viven allí quienes aportarán "al proyecto habitacional el equivalente al valor del terreno".
En esa línea, afirmó que "la expropiación se hace por un fin público, no solo para un grupo específico. Lo hacemos a cada rato, nosotros hacemos expropiaciones permanentemente porque es parte de las facultades. Y el gobierno del Presidente Piñera hizo muchas más expropiaciones de las que nosotros hemos hecho, porque es parte de las facultades".
La decisión de expropiar el terreno ha sido cuestionada por la derecha. El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, cuestionó el anuncio y criticó que "esto es una mala manera de ejercer Gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el Gobierno debería haber aplicado eso".
