En un hecho inédito, a 50 años del golpe de Estado que instauró la dictadura cívico-militar en Chile, 27 presos que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos en la cárcel de Punta Peuco reconocieron los delitos contra la humanidad, pero aseguraron que cumplían órdenes.
“Si bien cumplimos sentencias judiciales que han emanado de un sistema procesal que fue desechado por injusto e inquisidor, lo hacemos con la dignidad y el estoicismo propios de un soldado”, comienza la carta.
“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, explica.
La carta fue publicada por el diputado de derecha Gonzalo de la Carrera y pide “comprensión” y “apoyo” a la ciudadanía en su solicitud de libertad a los presos de rangos militares más bajos.
Piden liberar a presos de Punta Peuco
Los firmantes del documento se centran en la responsabilidad de los altos mandos en los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar, y emplaza a quienes fueron sus superiores a asumir su propia culpa.
“Expresamos nuestra congoja por quienes, siendo el eslabón más bajo y más débil de la cadena de mando, nos referimos a suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles, hoy tengan como único futuro terminar sus días en prisión por cumplir las órdenes de sus mandos, según lo consagraba la legislación militar vigente”, dice la carta.
“Hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos. A partir de ello, venimos hoy a asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”, añade.
“Solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias; jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos”, complementa.