En medio de la discusión por el cobro de las deudas morosas por el Crédito con Aval del Estado (CAE), este domingo, se conoció que ocho diputados en ejercicio y seis autoridades de Gobierno mantienen deudas impagas vinculadas a créditos universitarios.
Los antecedentes provienen de un análisis realizado por El Mercurio, que revisó la nómina pública de deudores del Fondo Solidario del Crédito Universitario de las instituciones pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh).
Cabe recordar que el Presidente José Antonio Kast había instado a que las autoridades regularizaran sus deudas universitarias morosas: "Que se pongan al día porque no quieren que se expongan a una situación como esta frente a la opinión pública".
En ese sentido, el citado medio indicó que hay ocho parlamentarios y al menos seis autoridades de Gobierno que -hasta diciembre de 2025- aparecen como morosos, con montos que van desde poco más de un millón hasta 40 millones de pesos.
De acuerdo con la información, entre los parlamentarios que figuran como morosos se encuentran:
- Claudia Reyes (Partido Republicano), con una deuda cercana a los $38 millones.
- José Carlos Meza (Partido Republicano), con cerca de $17 millones.
- Nathalie Castillo (Partido Comunista), con aproximadamente $27,8 millones.
- Sara Concha (Partido Social Cristiano), con cerca de $1,5 millones.
- Carolina Tello (Frente Amplio), con alrededor de $12,9 millones.
- Francisco Crisóstomo (Partido Socialista), con cerca de $1,2 millones.
- Emilia Nuyado (Partido Socialista), con alrededor de $6,2 millones.
- Héctor Ulloa (independiente), con una deuda cercana a $18,6 millones.
Los montos varían considerablemente, desde cifras menores a $2 millones hasta deudas que superan los $30 millones.
Autoridades del Gobierno también aparecen como deudores
El informe también identificó a seis autoridades del Ejecutivo con deudas pendientes. Entre ellas:
- Katherine López, delegada presidencial de Antofagasta, con cerca de $8,8 millones.
- Ricardo Figueroa, delegado provincial, con una deuda cercana a $40 millones.
- Abel Gallardo, delegado provincial, con aproximadamente $14 millones.
- José Bravo, seremi, con cerca de $30 millones.
- Carlos Zirotti, seremi, con alrededor de $3,2 millones.
Cabe destacar que, según lo informado, algunos de los involucrados señalaron estar en proceso de regularizar sus deudas o haber avanzado en su pago.
