En el oficialismo no fue bien recibida la noticia de que la Fiscalía tenía autorización para interceptar el teléfono de Miguel Crispi en el marco de la investigación Pro Cultura, y mucho menos, la notificación de que se solicitara intervenir el del Presidente Gabriel Boric.
La ministra Segpres Macarena Lobos aseguró en entrevista con Radio Infinita la mañana de este martes que "la Fiscalía, en el ejercicio de sus facultades, tendrá que acreditar que efectivamente se daban los presupuestos para que legalmente se pueda proceder a una medida tan gravosa como esta".
Arremetida del oficialismo: amenaza de remoción a fiscal nacional
El jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, Juan Santana, comunicó que ante la solicitud del fiscal Patricio Cooper de intervenir el teléfono del Presidente, pidió que sea el Fiscal Nacional Ángel Valencia quien explique la situación.
El diputado planteó que al fiscal Cooper “se le está permitiendo una conducta temeraria e inconstitucional. Si el Fiscal Nacional no toma medidas, el día lunes exigiremos su remoción.”
Asimismo, la diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, informó a través de su cuenta de X que solicitó a "la Comisión de Constitución de la Cámara que cite al Fiscal Nacional para que rinda cuentas y explique cómo va a evitar sucesivas filtraciones".
Agregó que "con este descontrol, y de ser efectivo que se le denegó al Fiscal Cooper la interceptación del teléfono del Presidente, ya estamos ante riesgos para la seguridad nacional".
Cuestionamientos al Gobierno
En tanto, el diputado Jaime Araya (PPD-ind.) cuestionó que el Gobierno esté pidiendo explicaciones a la Fiscalía y aseguró que "estaba presente en Tocopilla el 3 de octubre cuando el Presidente Boric instruyó directamente al director nacional de la PDI que investigara con profundidad y absoluta independencia. Por lo tanto, parece un contrasentido que hoy día el Gobierno esté contradiciendo esa instrucción".
En la misma línea, el diputado de RN, Andrés Longton, señaló: "Que el Gobierno le pida una reunión al fiscal nacional por las medidas intrusivas parece a todos lados un exceso y que está interfiriendo en la autonomía del Ministerio Público y la independencia del Poder Judicial".
