Tanto senadores como diputados de la oposición ingresaron este martes, ante el Tribunal Constitucional (TC), los anunciados requerimientos para impugnar la megarreforma impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast.
El primer requerimiento de los legisladores de las Cámara Alta es respaldado por Danisa Astudillo (PS), Fabiola Campillai (Ind.), Karol Cariola (PC), Loreto Carvajal (PPD), Daniella Cicardini (PS), Claudia Pascual (PC), Yasna Provoste (DC), Beatriz Sánchez (FA), Alejandra Sepúlveda (Ind.), Paulina Vodanovic (PS), Karim Bianchi (Ind.), Juan Luis Castro (PS), Alfonso de Urresti (PS), Fidel Espinoza (PS), Iván Flores (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Diego Ibáñez (FA), Daniel Núñez (PC), Gastón Saavedra (PS), Vlado Mirosevic (PL) y Esteban Velásquez (FRVS.).
En el documento, solicitan declarar inconstitucional lo dispuesto en los artículos 29 y 38 del proyecto para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social.
El primero establece que a contar del 1 de enero de 2027 “o de la entrada en vigencia de la presente ley, si ocurriere en una fecha posterior, el estatuto de invariabilidad tributaria para inversionistas, tanto extranjeros como locales”.
La invariabilidad está definida en plazos dependiendo de la inversión. Si esta es entre USD $50 millones y USD $100 millones, son 10 años, si es igual o superior a USD $100 millones e inferior a USD $350 millones, son 15 años. Y si los montos son de USD $350 millones o más, son 20 años.
El segundo artículo impugnado, en tanto, establece que “dentro de los primeros sesenta días de cada semestre calendario, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo remitirán al Congreso Nacional un informe consolidado que detalle: (i) número, monto y ubicación regional de los contratos de invariabilidad tributaria suscritos en virtud de la presente ley; (ii) recaudación efectiva asociada a dichos contratos; (iii) avance del Fondo de Compensación Territorial Minera, si fuese creado; y (iv) cobertura del FOGAPE por región y tamaño de empresa. El informe será publicado en formato de datos abiertos”.
Los argumentos de los senadores ante el TC
En el capítulo II del requerimiento que fue redactado por los abogados Jaime Gajardo, exministro de Justicia, Jorge Correa Sutil, exministro del TC, y Roberto Carrasco, se argumenta que existe un vicio de inconstitucionalidad, y se "demuestra" que "una ley tributaria que no puede alterarse por decenios es incompatible con una república democrática, por ser contraria al principio mayoritario y de alternancia en el poder que la conforman.
Posteriormente, se indica que "la ley está pretendiendo una medida legislativa que no podrá ser alterada por futuras legislaciones. Lo inalterable no serán tan sólo los contratos que se celebren al amparo de la norma, sino la norma legal misma".
En cuanto a la experiencia comparada, en el requerimiento se indica que en "el caso de democracias constitucionales que generalmente usamos de referencia (...) sus Tribunales Supremos o Cortes Constitucionales han fijado el límite doctrinal de que la ley ordinaria no puede inmovilizar la competencia legislativa de parlamentos futuros".
A ello suman que "hay países que han adoptado expresamente un rango normativo superior a la ley ordinaria para instrumentos de esa naturaleza (por ejemplo, Perú), confirmando que un mecanismo de invariabilidad como el que se impugna, de ser tolerable en democracia, se debería establecer mediante una reforma constitucional".
A este requerimiento se suma un segundo que advierte que la megarreforma contempla "diversas normas en materia ambiental, entre ellas los artículos que incorporan un mecanismo de restitución de gastos en favor de los titulares de proyectos de inversión cuyas Resolución de Calificación Ambiental sean anuladas por sentencia judicial firme".
Requerimiento de diputados opositores
En la Cámara, también se impugnó la invariabilidad tributaria por fijar tasas de impuestos para inversionistas de alto patrimonio por períodos de hasta 20 años.
En cuanto a las materias medioambientales, impugnan normas que acusan que otorgan un tratamiento privilegiado a titulares de resoluciones de calificación ambiental, estableciendo un "seguro a todo evento" en su favor.
Asimismo, cuestionan que se restringe a los tribunales de justicia para decretar medidas de protección ambiental durante la tramitación de causas judiciales y se limita que terceros puedan reclamar frente a proyectos con impacto ambiental, afectando en algunas de estas disposiciones, los derechos de los pueblos indígenas.
Los abogados patrocinantes son Domingo Lovera, Diego Pardo, Leslie Sánchez, Aurora Rozas, Claudio Troncoso y Juan Carlos Cayo.
