La oposición valoró la presentación del gobierno de la nueva Política Nacional contra el Crimen Organizado, pero fueron críticos en decir que el plan no pone plazos ni metas por cumplir, y lo calificaron más bien como una “idea con buenas intenciones”.
El jefe de bancada de diputados de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que están dispuestos a participar en el debate legislativo para arreglar el plan en las comisiones, pero fue crítico con su presentación.
“El plan tiene buenas intenciones. Está lleno de ideas, de sueños, y de anhelos, pero el camino al cielo también está pavimentado de buenas intenciones. Nosotros le pediríamos aquí una carta Gantt. Nosotros creemos que la diferencia entre un sueño y un proyecto es ponerle fecha, y el proyecto no pone fechas”, dijo Alessandri.
“No pone metas de leyes aprobadas al primer trimestre del 2023, no pone fecha a la coordinación necesaria entre las instituciones. Yo diría que es un punto de partida, nos habría gustado tenerlo en marzo de 2022 y no entrando a 2023 cuando el gobierno va a cumplir un año en funciones”, agregó.
La política del gobierno presentada por el propio Presidente, Gabriel Boric, tiene un enfoque desde el 2022 hasta el 2027 y su principal tarea será implementar medidas específicas para combatir los principales delitos y mercados criminales del país, que son el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de armas y municiones, el cibercrimen, contrabando y delitos medioambientales como el robo de cobre, madera y salmones; así como sus delitos conexos como homicidios y lavado de activos.
El plan promete ejecutar acciones para abordar la criminalidad organizada específica a cada territorio y consolidar un ecosistema de seguridad pública que asegure la unidad de acción del Estado en estas materias.
La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, dijo estar contenta por la noticia porque mejora la seguridad de las personas, pero cuestionó que no se haya informado a la mesa transversal que trabaja con el gobierno en iniciativas que mejores la seguridad ciudadana.
“Por otro lado, hay un desconcierto importante, porque el 14 de noviembre la ministra Tohá convocó a una mesa transversal por la seguridad pública, y ella se comprometió a tres proyectos de ley que ingresarían con suma urgencia (infraestructura crítica, sistema nacional de inteligencia y aumento de penas por usurpación) y un plan concreto con mesas de trabajo. Esas mesas han estado funcionando y no se ha informado nada sobre esta Política Nacional contra el Crimen Organizado”, alegó Hutt.
“Creemos que es fundamental unir las partes por la voluntad que han manifestado los partidos por apoyar al gobierno en este esfuerzo contra la delincuencia. Es el segundo anuncio que se hace esta semana que no considera la participación de los integrantes de esta mesa”, añadió.