Por Paula Valenzuela
“El Ejecutivo hace reserva de constitucionalidad a diputados de Chile Vamos, curiosamente”, dijo el diputado socialista Juan Luis Castro, en medio de la discusión que se dio el lunes pasado en la comisión de Salud de la Cámara Baja.
Había sido el diputado de la UDI Javier Macaya quien, al inicio de la sesión, dio cuenta de la admisibilidad que había otorgado la mesa de la Cámara -liderada por el RN Diego Paulsen- a la fusión de tres proyectos de ley sobre isapres. Y la puso en cuestión.
¿De qué se trataban dichas iniciativas? Según se consigna en los registros de la corporación, diputados como Tomás Hirsch (independiente, exPH), Renato Garín (independiente, exRD), Boris Barrera (PC) y los RN Andrés Célis y Ximena Ossandón presentaron una moción -el pasado 1 de abril- que busca, durante la vigencia del Estado de Excepción y en los 180 días al término de ese periodo, suspender la facultad conferida a las isapres para adecuar los planes de salud.
En esa misma fecha, la sala de la Cámara, en base a un informe de la Secretaría de la Corporación -encabezada por Miguel Landeros-, declaró admisible la moción por lo que fue enviada a la comisión de Salud.
Más de un mes después -el 19 de mayo- la instancia ad hoc pidió a la Sala que la iniciativa fuera refundida con otras dos mociones que tenían el mismo objetivo en su legislación. Y así se hizo.
“Yo vi el informe que emitió el Senado respecto a este tema de un proyecto similar y se decretó que no era posible involucrarse en materia de seguridad social por mociones parlamentarias”, dijo el lunes pasado el diputado Macaya, dando paso a la discusión.
Según recalcó el parlamentario UDI, en la sesión anterior de la comisión de Salud se había acordado pedir un informe legislativo a la Biblioteca del Congreso para hacer un análisis al respecto.
Sin embargo, en la instancia se aclaró que cuando la mesa emite la admisibilidad de un proyecto entonces no se acostumbra a redactar informes legislativos.
“Un caramelo”
Pero la discusión en la comisión no quedó solo en la intervención de Macaya, que terminó con un acuerdo entre los integrantes -incluso por la oposición- de invitar a la sesión de esta semana a un constitucionalista que aclarase el tema.
“Si vamos a invitar un constitucionalista, cualquiera sea, y si dice que esto es inconstitucional, ¿vamos a plegarnos a eso o vamos a invitar a alguien de la mesa también? Porque estamos poniendo en juego dos poderes y a mí me parece que es bien complicada la situación dado que además se fusionaron tres proyectos por la situación que estamos viviendo en este minuto. No es una cosa a largo plazo”, intervino la diputada Ossandón tras los dichos de Macaya.
El giro en la discusión, eso sí, se dio cuando el representante del gobierno en la comisión de Salud, el abogado Jaime González, sostuvo que el Ejecutivo haría una reserva de constitucionalidad al proyecto de ley impulsado por los parlamentarios, pues, tal como había dicho el diputado Macaya, se refería a una materia de exclusiva atribución presidencial dado que aborda “seguridad social”.
“La diputada Ossandón se ríe… esto es un caramelo”, dijo luego entonces Castro en tono distendido al tiempo que el diputado RN Andrés Celis intervino y pidió al Ejecutivo aclarar nuevamente si mantendría o no la reserva de constitucionalidad.
“El Ejecutivo la mantiene por los argumentos anteriormente señalados”, respondió González.
El debate arduo en Chile Vamos
Durante los últimos dos meses, en el comité político ampliado se ha abordado el apoyo o promoción a proyectos inconstitucionales o inadmisibles. Los partidos de Chile Vamos -RN, la UDI y Evópoli- en general se han enrostrado dichas iniciativas y han acuñado que esto perjudica al Gobierno.
De hecho, este episodio de la comisión de Salud que se dio durante la mañana del lunes pasado, fue notificado por la UDI en la habitual cita de comité político.
La discusión ha llegado a tal punto que RN cuestionó una campaña por redes sociales que difundió la bancada UDI sobre “no vender humo” en torno a proyectos inviables.
En ese momento, en Renovación se sintieron aludidos y entonces el gremialismo aclaró que el mensaje no iba dirigido a ellos, sino a la oposición. Tal y como lo habían hecho públicamente, argumentaron, cuando los tres partidos de la coalición presentaron en el Congreso un proyecto de ley para sancionar la promoción de estas iniciativas incluso con causal de cese de cargo.
“Independiente de la admisibilidad o de si se trata o no de un proyecto inconstitucional, acá hay una manera de hacer las cosas que llama la atención: de plantear las discusiones en la lógica de los buenos y malos. Los que nos cuadramos con la mirada constitucional quedamos como los malos, o que estamos defendiendo a las isapres, como en este caso. Quedamos como los impopulares”, dijo Macaya a T13.CL, enfatizando en un punto manifestado en la sesión del lunes.
En ese sentido, el diputado sostuvo en la instancia en que el sector debe acordar junto al Gobierno en qué se focalizarán los recursos. “Debiésemos ver si se pondrá recursos o no para afiliados de las isapres -que no son las personas más damnificadas por la pandemia- o para la condonación del CAE -que son profesionales universitarios-, o en la extensión del postnatal”, dijo a este medio.
“Fue sorprendente la intervención (de Macaya). Fue una sorpresa que ahora se cuestione la constitucionalidad, porque estos tres proyectos pasaron el primer filtro que hace la secretaría de la Cámara sobre la admisibilidad y de los cuales además Landeros ha pedido ir a la comisión a defenderla. Y no firmo solo yo, son muchos diputados. Es un tema transversal”, dijo Ossandón al ser consultada por T13.CL en torno al nuevo caso de inconstitucionalidad.
La diputada fue criticada duramente cuando en medio del estallido social presentó una indicación para aumentar pensiones básicas en un 50%.
Asimismo, personeros oficialistas han cuestionado que RN impulse la extensión del postnatal que también, han dicho, es exclusiva atribución del Ejecutivo por incurrir en gasto fiscal. Al respecto, Renovación ha defendido que ha pedido insistentemente el patrocinio del gobierno para llevar adelante la medida.
En el comité político ampliado pasado, según presentes, el propio presidente de RN, Mario Desbordes, señaló que su colectividad ha hecho un listado de parlamentarios que han firmado o impulsado proyectos inconstitucionales. De eso, habría dicho, la UDI no se salva.
En la bancada gremialista, en tanto, también señalan haber construido su propia lista para mantener dicho conteo.
¿Qué dice la secretaría de la Cámara?
La propia diputada Ossandón, al término de la sesión del lunes pasado, pidió invitar a Landeros para que justificase la admisibilidad del proyecto de ley sobre isapres. “Solo insistir que cuando se discuta la constitucionalidad, se invite a Miguel Landeros para que exponga las razones”, dijo.
Esto, porque los diputados Castro y Macaya habían abordado invitar al expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Carlos Carmona para referirse a la discusión de la iniciativa.
Sin embargo, para hoy lunes -a las 10:30 horas- finalmente se citó a los abogados constitucionales Liliana Galdámez y Enrique Navarro, así como también al propio Landeros.
Tanto en el oficialismo como en la oposición ha trascendido que la secretaría de la Cámara mantendrá firme su postura sobre la admisibilidad del proyecto, pese a la decisión del Senado. En privado recalcan que son corporaciones independientes.
Así, hoy insistirían en que cualquier problema de constitucionalidad debe ser visto en el TC y que, en ningún caso, se deben restringir debates.
En su informe técnico, la Cámara fundó su admisibilidad en el artículo 19, que abordar trata en forma separada el derecho a la seguridad social, contradiciendo el argumento del propio argumento del Ejecutivo expuesto, la semana pasada, en la comisión de Salud de la Cámara por el abogado González.