La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Presidente de la República, Gabriel Boric, ya firmó el decreto para que se le revoque la pensión de gracia a una de las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, que tenía antecedentes penales por pornografía infantil.
Si bien el caso se conoció públicamente este jueves cuando la Contraloría General de la República entregó un informe a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputadas sobre pensiones de gracia a víctimas del estallido social, la ministra Tohá aseguró que el Presidente Boric ya había firmado el decreto para revocar este beneficio, a esa persona en específico, la semana pasada.
“Esto es algo que tiene que modificarse a futuro, en el intertanto se van a revisar las pensiones, para empezar las del estallido pero después vamos a ver las otras, y se van a revocar aquellas donde no haya un daño permanente grave, y haya antecedentes penales de cuidado que ameritan esta revisión”, explicó Tohá.
“El Presidente de la República apenas conoció el tipo de delitos en los cuales tenían participación algunos de los beneficiarios tomó una serie de definiciones. La semana pasada, antes de irse de vacaciones, dejó firmada la revocación de la pensión de gracia a una persona con antecedentes de pornografía infantil, fue una de las primeras que firmó, y no era uno de los casos con este daño permanente y grave”, aseguró.
Junto con la persona condenada por pornografía infantil, el informe de Contraloría evidenció que existen personas que reciben pensión de gracia que han sido condenadas por los delitos de estafa, tráfico de drogas, abuso sexual, homicidio y lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar, entre otros.
“No fue nuestro gobierno”, dice Tohá por pensión de gracia
La ministra del Interior reconoció que el procedimiento para otorgar las pensiones de gracia no es el adecuado y por eso dijo que se está trabajando en un proyecto de ley para corregirlo, pero recalcó que no fue el Gobierno de Gabriel Boric el que estipuló las condiciones.
“Desde el punto de vista del procedimiento, el procedimiento cumplió todos los pasos que estaban previstos tanto en la Ley de Presupuestos, como en el oficio que dictó el exsubsecretario Galli. Pero desde el punto de vista de los seres humanos que llevan adelante esto, hoy hay un sumario por por ciertos reparos que planteó la Contraloría en los análisis de algunas carpetas, y tiene que llegar a conclusión ese sumario”, dijo Tohá.
“La opinión del Ejecutivo es que este procedimiento no era el correcto, debimos haberlo regulado de otra manera en la ley, pero no fue nuestro gobierno el que definió este procedimiento, estaba definido ya cuando nosotros llegamos”, enfatizó.
El informe de Contraloría dice que de las 419 personas beneficiadas con pensiones de gracia por haber sido víctima de violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social, 58 tenían antecedentes penales, y diez no presentaban antecedentes suficientes para recibir el beneficio.