Durante la mañana de este lunes, el Presidente José Antonio Kast firmó la reforma constitucional que forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
En la instancia celebrada en el Palacio de La Moneda participaron los ministros de Seguridad, Martín Arrau; Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros y de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
El ministro de Seguridad, destacó que "hoy no estamos firmando una declaración de buenas intenciones, estamos dando un paso decisivo frente a lo que es, sin duda, el desafío de nuestro tiempo en materia de seguridad: el combate al crimen organizado y el terrorismo".
Presidente Kast firma reforma constitucional en el marco de la ACOT
Durante su discurso, el mandatario expresó que "cuando asumimos el gobierno lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile, una crisis que excede a un solo gobierno".
Adicionalmente, detalló cuáles son los cinco ejes planteados:
- Consagrar el deber del Estado de resguardar la seguridad pública protegiendo a la población y las familias.
- La creación del Registro Nacional de Organizaciones Criminales y Terroristas, pertenecer a una organización que el Estado identifica como criminal pasará a ser un delito.
- Se incorporan regímenes penitenciarios diferenciados para que quienes lideran organizaciones criminales no puedan seguir haciéndolo desde las cárceles. "Si yo corto las telecomunicaciones y permito las visitas, puede seguir articulándose", expresó Kast.
- Nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública para actuar con toda la fuerza del Estado de forma focalizada, donde el crimen organizado desafía abiertamente el control del territorio.
- Facilitar la incautación, liquidación de bienes del crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Por último, el Presidente Kast invitó "a todas las corrientes políticas, a pensar en Chile, en las familias chilenas y en las personas que se ven afectadas por el crimen organizado y el terrorismo".
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, explicó que "reconocer en el artículo 1 de la Constitución, en las bases de la institucionalidad, que la seguridad pública es un deber del Estado. Al ubicarla junto a la dignidad, la familia y el bien común, la seguridad deja de ser una función administrativa más".
Adicionalmente, argumentó que "los Estados de Excepción que existen fueron pensados para guerras, desastres y desórdenes públicos, ninguno fue diseñado para recuperar un barrio".
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