Diputados del Partido Nacional Libertario presentaron un proyecto de ley que busca suspender durante cinco años los efectos de la Ley Karin, normativa que obliga a empresas y organismos del Estado a contar con mecanismos para prevenir, investigar y sancionar denuncias por acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.
La iniciativa fue firmada por los diputados Erich Grohs, Paulina Muñoz, Álvaro Jofré y Cristóbal Urruticoechea, todos del PNL, además de Diego Vergara (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (independiente).
La propuesta surge mientras el Gobierno busca introducir ajustes al reglamento de la ley vigente.
¿En qué consiste el proyecto para suspender por 5 años la Ley Karin?
El texto ingresado por los parlamentarios propone suspender por cinco años las disposiciones incorporadas por la Ley N° 21.643 al Código del Trabajo, además de las normas administrativas dictadas para su aplicación.
Según plantea la iniciativa, durante ese período volverían a aplicarse las normas que estaban vigentes antes de la entrada en funcionamiento de la Ley Karin.
Eso sí, el proyecto establece que las denuncias que ya hayan sido presentadas antes de una eventual suspensión de la ley seguirían siendo tramitadas bajo las reglas actuales hasta su término.
Los diputados firmantes sostienen que la suspensión permitiría revisar la normativa y realizar cambios en aspectos como los criterios para determinar qué situaciones corresponden a acoso laboral, los procedimientos de denuncia y los mecanismos para evitar acusaciones consideradas improcedentes.
Los argumentos de los parlamentarios para suspender la Ley Karin
En los fundamentos del proyecto, los autores señalan que la Ley Karin respondió a una necesidad de protección para trabajadores que enfrentaban situaciones de acoso o violencia laboral. Sin embargo, plantean que su aplicación generó un volumen de denuncias que habría superado la capacidad de respuesta de la Dirección del Trabajo (DT).
Entre los cuestionamientos expuestos en el proyecto, los parlamentarios apuntan a que "el plazo de treinta días previsto para concluir la investigación se incumple de manera sistemática, registrándose demoras que alcanzan entre seis y nueve meses, con particular intensidad en la Región Metropolitana . Ello perjudica a las víctimas reales, cuyas denuncias quedan atrapadas en una tramitación prolongada junto a controversias que nunca debieron ingresar por esta vía".
Según cifras citadas en la iniciativa, entre agosto de 2024 y junio de 2025 ingresaron 44.212 denuncias, de las cuales un 42% fue clasificado como materia propia de la Ley Karin.
El documento también señala que, dentro de las investigaciones finalizadas en ese período, un 21,3% terminó constatando una vulneración.
"Estas cifras oficiales revelan que una elevada proporción de las denuncias no resulta admisible bajo la ley o no deriva en la constatación de infracción alguna", sostienen los parlamentarios en el documento.
Entre otros de los argumentos que plantean los legisladores está la eliminación del requisito de reiteración para configurar el acoso laboral. Según sostienen, este cambio permitió que una sola conducta pudiera ser denunciada bajo la Ley Karin, ampliando la cantidad de situaciones que pueden ingresar al sistema.
Además, sostienen que "la amplitud y relativa indeterminación de conceptos como “violencia en el trabajo” favorecieron una interpretación expansiva, de suerte que el procedimiento terminó operando como una verdadera ventanilla única para toda clase de conflicto laboral (incluidas controversias sobre remuneraciones, feriados o cotizaciones) ajenas a su finalidad protectora".
La diputada Paulina Muñoz (PNL) defendió la iniciativa y aseguró que el objetivo no es eliminar la protección frente al acoso laboral, sino revisar el funcionamiento de la normativa.
"Creo que esta ley definitivamente tiene espacios de mejora que tenemos de los cuales nos tenemos que hacer cargo, y nosotros como Partido Nacional Libertario pedimos que se suspenda esta ley mientras el Ejecutivo ingresa las modificaciones a la ley y lo empezamos a discutir nuevamente en el Parlamento, porque definitivamente no podemos estar volcando los esfuerzos de la Dirección del Trabajo a una ley que tiene un efecto un 16,6%" sostuvo la diputada.
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