El viernes, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, dio inicio al periodo de consultas ciudadanas para trabajar en el segundo plan nacional de DD.HH. ahora incorporando la opinión, entre ellos, de niños, niñas y adolescentes. Fue una semana, así, protagónica para la materia de su cartera. El Presidente Sebastián Piñera, en su última cuenta pública de esta administración, realizó al menos tres guiños hacia DD.HH. Entre ellos, el aumento de recursos para el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría de la Niñez. Además, el mandatario anunció la creación de una fiscalía especializada en el área y, por último, lo que causó más revuelo en el mundo político: la urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario de autoría de Michelle Bachelet.
—¿Cómo se toma este anuncio sorpresivo del gobierno sobre la urgencia al proyecto de Michelle Bachelet sobre matrimonio igualitario? En 2019 usted debía plantear que este impulso solo le correspondía a los parlamentarios…
—Lo que hace el Presidente es ponerle suma urgencia al proyecto de ley en trámite que, efectivamente, es un mensaje presidencial y que obedece al programa de gobierno de Michelle Bachelet, pero también hay que señalar que el ingreso del proyecto en septiembre de 2017 está presionado por el Acuerdo de Solución Amistosa que se había firmado el año anterior, y que señalaba en uno de esos puntos el ingreso de un proyecto de ley en el primer semestre del año 2017 sobre matrimonio igualitario y esto termina siendo el ingreso al Senado el 5 de septiembre de 2017. El matrimonio igualitario no estaba en el programa de gobierno de Sebastián Piñera, pero haciendo cumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa fue que el proyecto de ley se mantuvo en trámite, no se retiró del Congreso. La oportunidad con que el Presidente lo hace en esta última cuenta pública tiene que ver con todos los procesos de maduración que las sociedades compuestas por esas personas vamos teniendo en el tiempo.
—En 2018, en el cambio del plan de DD.HH. se tuvo que acotar la idea solo de “monitorear” y no “impulsar” el matrimonio igualitario y recibió entonces varias críticas… ¿qué ocurrirá ahora con ese plan?
—Los planes nacionales de Derechos Humanos son como una política pública y en este caso esta rige desde 2018 a 2021 y los compromisos que ahí están asumidos por distintas instituciones tienen una duración que puede ser de hasta cuatro años. No hay un cambio ahora respecto de ese plan porque éste tiene una aprobación presidencial con decreto supremo. De hecho, los planes son estrategias que se van desarrollando en el tiempo y, en ese sentido, uno podrá decir ‘esta acción se vio en la práctica superada por la realidad’. Eso es todo. Hay voluntad transversal además de sacar adelante este proyecto de ley lo antes posible y creo que ni siquiera va a alcanzar a quedar como algún tipo de compromiso en un segundo plan de DD.HH.
—¿Va a tomar un rol activo en la tramitación del proyecto? Se ha dicho que los ministros Bellolio y Rubilar liderarán esta discusión en el Congreso…
—Lo que se ha conversado hasta ahora es que desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se va a coordinar en pleno a través de sus dos subsecretarías en el Congreso.
—El tema desató fuertes diferencias en Chile Vamos, ¿cómo manejará esto en el Congreso?
—Este es un proyecto de ley impulsado por el Presidente de la República, se trata de un proyecto del Ejecutivo, y se va a coordinar desde el Ministerio de Justicia y DD.HH., pero se va a tramitar con el acompañamiento y colaboración de otros ministerios y, por lo tanto, no hay otra estrategia especial desde nuestro ministerio. Siempre hemos estado abiertos al diálogo con los parlamentarios tanto de nuestra coalición como de la oposición. Segpres hace su trabajo también. Y acá más que pedir el voto en uno otro sentido lo que se ha dicho es que se respeta profundamente la decisión de los parlamentarios y el voto que cada uno de ellos vaya teniendo.
—Usted es de Evópoli, partido que ha tenido como bandera el matrimonio igualitario. ¿Es más cómodo ahora para usted bregar por un proyecto de ley que le hace sentido?
—El partido siempre ha tenido esa postura, pero como subsecretaria de Derechos Humanos yo formo parte de un gobierno y, por lo tanto, la manera de actuar como subsecretaria siempre ha sido en el marco de nuestro ministerio, y los temas personales son temas personales.
—Esta semana la UDI ha llamado como “traición” este anuncio y el senador Manuel José Ossandón dijo ahora que el Presidente siempre ha estado más cerca de Evópoli. ¿No cree se acrecienta esa tensión entre la derecha tradicional versus la derecha liberal?
—Estos temas no son de izquierdas o derechas, o temas de una derecha o de otro tipo de derecha. Existen diferencias en nuestra coalición, sí; claramente, pero hay más aspectos que unos unen que aquellos que nos dividen. Los que nos dividen son pública e históricamente conocidos, pero eso no ha impedido que llevemos adelante un segundo gobierno. El Presidente en su decisión no ha pretendido posicionarse a favor de uno u otro partido. Aquí tiene que ver con un tema de reflexión, de madurez, con la realidad cultural de nuestro país y de la sociedad. Hay 28 países en el mundo que ya han avanzado en esta materia y así cada país y sus propias poblaciones van teniendo sus procesos de reflexión. Hemos pasado de discutir los hijos legítimos e ilegítimos el año 1998 a discutir en 2018 la ley de identidad de género. Y hoy luego de haber pasado varios años por el acuerdo de Unión Civil podemos profundizar su discusión el Congreso. El matrimonio igualitario es un tema de importancia pública y social.
—¿No cree que habrá costos en la derecha por impulsar iniciativas fuera del programa y que incluso son de Michelle Bachelet? Identidad de género fue conocido al inicio de este gobierno por el enfrentamiento UDI-Evópoli que aquí pareciera repetirse. Tema que tampoco estaba en el programa y sin embargo fue el primer proyecto de ley de este gobierno.
—Las diferencias entre los partidos en estos temas están con o sin anuncio del Presidente. Y van a seguir estando. Cuando hay defensa y protección de DD.HH. al fin y al cabo puede haber diferencias en las formas o tiempos u oportunidades de abordarlos, pero no hay costo.
—¿En cuánto tiempo cree que podrá promulgarse esta ley?
—Este jueves ingresó la suma urgencia es decir 15 días en el Senado y 15 días en la Cámara desde que se da cuenta en la Sala de la urgencia. Eso podría ocurrir por ejemplo a la vuelta de la semana distrital. De modo que, siendo realistas, se tramitará en dos meses.
DD.HH. y estallido social: “Nadie puede hablar de impunidad”
—Los DD.HH. han sido tema crucial en el gobierno a raíz del estallido social del 18-O y este martes el Presidente hizo guiños como anuncios a aumento de recursos al INDH, a la Defensoría de la Niñez, e incluso la creación de una nueva fiscalía especializada en DD.HH. ¿Cómo se gestó esta decisión de crear, sobre todo, una fiscalía ad hoc?
—La propuesta de la Fiscalía de Derechos Humanos forma parte de un marco mayor, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de los actores que forman parte del sistema de protección de DD.HH. en nuestro país. Desde el término de la dictadura y el retorno de la democracia, Chile ha ido dando cuenta de un proceso de institucionalización, de la promoción y protección de los Derechos Humanos. La fiscalía de DD.HH. tiene que ver no solo con la contingencia o con las denuncias de violación a los DD.HH. en el marco de las movilizaciones a partir de octubre de 2019 sino con una reflexión anterior que venía haciendo la fiscalía en términos de su diseño y organización interna. El 30 de octubre de 2019, el ministro de Justicia (Hernán Larraín) cita formalmente a la comisión coordinadora de justicia penal para decir ‘a nosotros como sistema de coordinación del sistema de justicia penal, tenemos un rol en la protección de los DD.HH., desde la Defensoría Penal Pública y por supuesto el Ministerio Público y en su minuto el poder judicial’. Esa instancia ha sido muy relevante. Ahora, fue en abril de este año que se forma un trabajo más específico donde la idea era identificar cosas muy concretas que pudieran ayudar a avanzar en las causas judiciales en materia de violencia institucional.
—¿Pero la contingencia hizo más urgente una fiscalía especializada en DD.HH Ha estado en el debate que el 48% de las causas del 18-O hasta enero de 2021 estaban archivadas…
—La idea de tener una fiscalía especializada en el tiempo si bien no obedece a la contingencia propiamente tal sí termina consolidándose en este proceso de conversación, eso ante la inquietud del avance de las causas. Ahora, este grupo de trabajo de la comisión coordinadora de justicia penal está pensado en primer término para ver qué nudos críticos se podían resolver en torno a las causas judiciales y esta sensación de que -lo decía incluso el director del Instituto de DD.HH.- las causas no avanzan.... Pero pienso que hay que aterrizar las cifras, porque estas con causas complejas. Doy un ejemplo: Lissette Villa, una niña que murió a cargo del Estado; según su causa, sufrió tortura a manos de funcionarios del Estado. Esto se investiga por fiscales especialistas en DD.HH., y ese caso -que se produce en una residencia determinada, con funcionarios determinados, con imputados conocidos- toma siete años y allí se pasa recién a un juicio oral, entonces, también yo creo que dimensionar el nivel de causas, de denuncia, pero también la naturaleza de las causas que se están investigando, es importante; por lo tanto, hablar de atrasos… -yo no quiero defender a nadie-, pero lo que importa es que desde el Estado se han generado las condiciones para que haya acceso a justicia y eso es lo que se ha tratado de hacer desde los distintos actores del sistema de justicia penal.
—En el tapete está la entrega de antecedentes contra el Presidente Piñera en la Corte Penal Internacional por causas de violaciones a los DD.HH. durante el estallido social. El Mandatario dijo que es un pedazo de papel sin valor y que no hubo una política institucional para violar DD.HH. ¿Cómo ve ese escenario sobre todo con la lentitud en tramitación de causas?
—El deber de los Estados de Derechos democráticos, cuando hay violaciones a los DD.HH. es la de investigar, juzgar, condenar, cuando corresponda y reparar por cierto. En un Estado de Derecho democrático, el Presidente reconoce que hay vulneraciones a los DD.HH., deja actuar a los órganos autónomos de DD.HH., que son el instituto de DD.HH. y la Defensoría de la Niñez. Además, invita a organismos internacionales de DD.HH. a que vengan a observar y a hacer recomendaciones. Esas recomendaciones se acogen y se están monitoreando. Hay dos informes de estados de avance. Se activa inmediatamente el sistema de protección de Derechos Humanos y se mantiene ese trabajo. Entonces cuando en una entrevista de una de las personas que hizo esta presentación ante la CPI dice que se quiere poner de manifiesto que hay impunidad en Chile eso no es cierto. Cuando se activa el sistema de protección a los DD.HH., cuando los casos se están investigando, los órganos autónomas funcionan y los organismos internacionales vienen, nadie puede hablar de impunidad.
—¿Es un aprovechamiento político, como han planteado en la coalición?
—No quisiera juzgar las intenciones que haya detrás, pero sí puedo decir que me parecen sin fundamentos. Y los organismos internacionales a los cuales hemos adherido a través del Estatuto de Roma, o la Corte Penal Internacional, son instituciones rigurosas, responsables en su actuar. Como país hemos adherido a esas instancias precisamente por el valor que otorgamos a la protección de los DD.HH. porque vivimos en tiempos de violaciones graves, masivas, sistemáticas de DD.HH. y dijimos que ‘nunca más’, por lo tanto, como Estado de Chile lo que hacemos cada vez que hay una denuncia de violaciones de DD.HH. -no solo como gobierno ahora sino desde el retorno a la democracia- es que se procede a investigar, juzgar o sancionar cuando corresponda aquellas violaciones a los DD.HH. y reparar por cierto a las víctimas y generar todos los sistemas de garantías de no repetición.