El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, nuevamente se refirió a la entrega de pensiones de gracia a personas con antecedentes penales por delitos graves, las que ya están en tramitación para ser derogadas.
Contraloría concluyó que 58 beneficiarios de pensiones de gracia tenían condenas por delitos como homicidio, producción e pornografía infantil y abuso sexual.
A esto se suma que no se habría realizado un proceso adecuado que acreditara sus antecedentes médicos. Incluso, 19 de los postulantes no tenían un acta que comprobara una presunta lesión.
Al ser consultado por las críticas realizadas por el ex subsecretario Juan Francisco Galli, Monsalve contó que "Contraloría también hizo una auditoría y una fiscalización a la entrega de pensiones de gracia durante todo el año 2021", mientras el propio Galli era parte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
"Sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este Gobierno cuando asumió el funcionamiento del Departamento de Acción Social y de la entrega de pensiones de gracia. Si este informe de Contraloría ha sido catalogado de lapidario, yo diría que el otro tendría que ser catalogado de mortal", recalcó.
En ese sentido, agregó que "nunca se pidieron los antecedentes penales y el primer gobierno que modifica el manual para que se pidan es este Gobierno, por lo tanto, de los problemas nos hacemos cargo y los resolvemos, que es lo que estamos haciendo".