El martes la oposición anunció que iniciará las gestiones para una interpelación constitucional al ministro de Educación y luego una eventual acusación constitucional, que podría terminar con Marco Antonio Ávila fuera del cargo.
La iniciativa forma parte de las atribuciones de fiscalización de la Cámara y se da luego de los cuestionamientos a un instructivo sobre inclusión y sexualidad que fue actualizado hace unas semanas. Al ministro se le acusa de impulsar "su agenda ideológica" y él señala que el documento que ha suscitado polémica no es el elaborado por este gobierno.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, acompañó a Ávila en una actividad de entrega de becas TIC este miércoles y le entregó su respaldo.
"Siempre hay que tener un grado de responsabilidad y rigurosidad cuando esto se promueve", dijo la ministra.
En esa línea, enfatizó que "usar como fundamento de una acusación un programa, una orientación en términos de sexualidad y afectividad que no es de este gobierno, es sumamente irresponsable, por decir lo menos".
"Es legítimo que los parlamentarios quieran hacer uso de esas herramientas de fiscalización, pero la ciudadanía exige un mínimo de rigurosidad, profesionalismo, un mínimo de estándar para presentar estas acusaciones", cerró.