Un tribunal “fantasma”.
Esa es la convicción a la que llegó el entonces juez de policía local de La Granja, Felipe Ongaro, en 2021. Había asumido hace pocos meses–octubre de 2020– y tras una breve auditoría del organismo detectó un sorprendente esquema de corrupción vinculado a multas del TAG.
Audiencias falsas, fallos inventados y notificaciones cada 30 minutos sin moverse del tribunal en La Granja, en la que supuestamente avisaban de estas infracciones en Lampa, Colina, Maipú y Vitacura. Acciones que escondían, además, un millonario fraude en que funcionarios municipales podían sumar entre tres a cinco millones de pesos adicionales en sus remuneraciones por sus “eficientes” avisos "en terreno" a los supuestos automovilistas morosos.
Con estos antecedentes, el juez Ongaro levantó la voz con sus superiores, pero no fue escuchado. Por el contrario, el alcalde de ese momento determinó aplicarle un sumario por denuncias de acoso laboral de los mismos integrantes del juzgado que él estaba acusando por corrupción.
Luego, concurrió a la Corte de Apelaciones de San Miguel, pero también recibió un portazo.
Pese a ello, el abogado no bajó los brazos y logró que la Fiscalía Sur acogiera su grave denuncia. Tras largos años de diligencias y cruce de información–realizados por el 0S.9 de Carabineros–, la causa se formalizó contra siete funcionarios municipales de La Granja, además del juez suplente identificado como el líder de esta red de corrupción.
Todos quedaron en prisión preventiva: Maribel Zúñiga, Álvaro Lagos, Ricardo Matthews, Eduardo Moya, Jessica Romero y Ana Vega. Un triunfo para Felipe Ongaro, pero que le trajo costos: abandonar su carrera como juez y un duro enfrentamiento con ministros de la Corte de Apelaciones.
–¿Cuál es la evaluación que hace de todo este proceso?
–Tuvo costos, por cierto. Por esta denuncia hubo un reproche disciplinario, sanciones.
La fiscal (de la Corte de San Miguel), de hecho, habló de una cierta paranoia mía con este tipo de denuncia. Lo dijo y quedó grabado. Los ochos, fueron denunciantes en contra mía. Seis de los cuales quedaron en prisión preventiva.
–¿Qué sanción le deja todo eso? Usted lo dijo, los mismos que lo denunciaron, al final quedaron en prisión preventiva con cargos de corrupción…
–El corolario es que, a mi juicio, las instituciones que debieron reaccionar a tiempo fueron no solo omisas, sino que también no quisieron ver este asunto. Fueron a mi juicio negligentes y ese es un tema que está como deuda pendiente y que tiene que revisarse: con causas masivas, notificaciones a veces irregulares, afectación de personas que ni se enteran de este tipo. Y la Corte de Apelaciones. Hablo desde las Cortes de Santiago y la Corte Suprema, lo saben y a la fecha no hacen nada.
–¿Usted cree que pasaron situaciones extrañas en los organismos superiores de Justicia?
–Sin ser categórico, en el sentido de que no quiero imputar. Sin duda extrañan las actitudes que han tenido las Cortes Superiores. Es extrañísimo. Me aburrí de enviar el oficio a la Corte de San Miguel. Hay registros escritos, por correo, en formato físico, de todas las veces que advertí esta irregularidad a la Corte.
Nunca entendí. Y menos entendí que a finales de diciembre de 2022, el pleno de la Corte de San Miguel le haya remitido copia de mi denuncia, que en forma reservada le envió el Ministerio Público. Le envió copia de mi denuncia al alcalde de La Granja y a los funcionarios. Ellos leyeron la denuncia. El alcalde se las dio a conocer. Y concordaron una forma de reaccionar.
–Al escucharlo, ¿queda la sensación que esto se transformó en una pelea solitaria?
–Así es. Fue una pelea super sola. Creo que es un tema que tiene que responder el pleno de la Corte San Miguel y la Corte Suprema. A la Corte Suprema también se lo hice saber. Le pedí que investigaran y no quisieron, porque según ellos, era un tema que ya estaba resuelto, en función de las sanciones que propusieron para mí.
Entonces, son respuestas que en este caso debe dar el pleno de la Corte de San Miguel y la Corte Suprema. Entonces, sin querer imputar tráfico de influencia, lo que sí hay es una negligencia. Y lo digo responsablemente. Hay una negligencia, un taparse los ojos, y un maltrato. No me quiero victimizar ni nada, pero el funcionario denunciante no tiene ninguna protección.
–Usted también denunció que las autopistas urbanas tenían una responsabilidad. ¿Cómo eran esos vínculos?
–No quiero imputar responsabilidad, pero tenían nexos propios los estudios de abogados de las autopistas con los funcionarios.
Eso era evidente, era palpable y constatable documentalmente. Había plena libertad. Y no solamente por un tema de pago. Más allá en función de los propios antecedentes que yo aporté a la denuncia: base de datos que forman parte hoy en día de lo que son los ilícitos que por lo cual fueron formalizados los funcionarios.
–El juez suplente Eduardo Moya mantuvo su puesto a pesar de las denuncias, reportajes previos y solicitud de formalización de la Fiscalía en marzo pasado. ¿Qué piensa de eso?
–Hasta el día anterior a la confirmación de la prisión preventiva, la municipalidad de La Granja en su sitio web aún consignaba a estos funcionarios como funcionarios del juzgado. Tanto esta persona que subrogaba en su momento, el señor Moya, como cuatro funcionarios más estaban en funciones, en el tribunal. No es que fueran exfuncionarios, estaban, como funcionarios municipales ejerciendo funciones dentro del tribunal aún. El alcalde actual no tomó ninguna medida hasta la fecha.
–A su juicio, ¿qué ocurre hoy en La Granja?
–Tengo algunas hipótesis. Algunas personas de las que están en prisión preventiva son bastante antiguas en el servicio. Algunas de ellas, estuvieron en la gestión anterior del alcalde Arriagada, quien después volvió a ser alcalde. Entonces, eran parte de lo que fue su gestión. Esas personas, sin duda, formaban parte y apoyaban a este alcalde.
Yo creía que por lo menos iba a haber alguna reacción. Y no se tomó ninguna medida, ninguna, no ha habido ninguna declaración (por parte de la Municipalidad de La Granja).
“(El Tribunal de La Granja) Era una oficina de cobranza, la verdad, era un brazo de la autopista”
El entonces juez Felipe Ongaro descubrió una red que funcionaba como “reloj” en completa impunidad: notificaciones cada 5 minutos, en un proceso que abarcaba varios kilómetros de distancia entre Maipú, Vitacura, Colina y Lampa. Lo que podría demorar una hora, estos funcionarios gestionaban miles de causas en esos 60 minutos.
Tal era el “descaro”, que a una de las imputadas la conocían como la “30 minutos”.
El abogado indicó a Reportajes Teletrece Sábado que siente “tranquilidad” tras la contundente formalización de la Fiscalía Metropolitana Sur, cuya indagatoria amplió sus pesquisas a las autopistas, luego de obtener una orden judicial para allanar las oficinas de una de las empresas hace unos días.
Sin embargo, insiste que el Juzgado de La Granja no era el único tribunal contaminado con estas malas prácticas.
–Había otros tribunales. De hecho algunos de los funcionarios lo decían: me comentaron que La Granja era como la principal cartera. Pero había otros tribunales que efectivamente estaban en las mismas condiciones. No digo que estaban cometiendo ilícito, porque lo que había acá fue tremendo. Hacer este asunto, organizarlo, requiere un tema operativo y requiere conocimiento del juez para abajo. Entonces, en ese tiempo, también había otros tribunales tramitando en estas condiciones.
–¿Este esquema de fraude buscaba llegar a instancias de condenas para luego perseguir un remate de los vehículos?
–Así es. De hecho, lo que descubrí, era tanta la desfachatez, que los funcionarios adquirieron sus propias computadoras, impresoras y muebles. En el segundo piso, le imprimían las demandas a la autopista. Se la imprimían y después las presentaban los mismos funcionarios.
Era una oficina de cobranza, la verdad, era un brazo de la autopista. Era descarado el tema. Hacían un esquema que el funcionario hacía desde la carátula del expediente hasta la sentencia. A una de las funcionarias, en un mismo día la pudimos sorprender con 24 sentencias idénticas.
–Estos ex funcionarios de La Granja, ¿qué arriesgan de ser condenados?
–Se arriesgan a penas de crimen. En este caso y que eventualmente no tendrían beneficio de cumplir la pena en forma alternativa con la cantidad de delitos. Creo que esa es mi proyección. De hecho, la prisión preventiva que se decreta contra ellos es por peligro para la sociedad, para la investigación, peligro de fuga por el carácter de reiterado de los delitos. Eso es lo que dice tanto el juzgado de garantía como la Corte San Miguel.
–Es llamativo que la misma Corte de San Miguel ratifique la prisión preventiva de estos ex funcionarios, cuyos ministros desestimaron su denuncia como juez de La Granja. ¿Qué piensa al respecto?
–Eso es increíble, porque fue en forma unánime y ellos saben cuando vieron los antecedentes. Sí, tiene que haber causado escozor. Yo creo que sí. Ellos lo saben. Lo saben perfectamente.
