No es la primera vez que el Programa de Alimentación Escolar está bajo investigación por delitos de corrupción. Hace una década, se denunciaron irregularidades por más de $45 mil millones por tratos directos y contratos obtenidos con información falsa, en febrero de 2016.
Contraloría también ha derivado diversas auditorías al Ministerio Público bajo la misma lógica.
En ese contexto, con la llegada del nuevo gobierno, el director de Junaeb, Fernando Peña, recopiló una serie de antecedentes que podrían constituir delitos provenientes de licitaciones de los últimos cinco años. Y no dudó en llevarlos a la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.
Este esquema quedó expuesto en un Reportaje de Teletrece emitido en mayo y que da cuenta de cómo la empresa SOSER S.A logró obtener una millonaria licitación en la Región de O´Higgins y que incluso le permitió obtener más de $14 mil millones, entre 2021 y 2023, sin ni siquiera haber entregado el servicio a los niños.
Misma información que entregó la fiscal Constanza Encina al Cuarto Juzgado de Garantía para solicitar los allanamientos e incautaciones realizados esta jornada a los dos senadores en ejercicio–Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (IND)–, además del exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) y los empresarios Daría Calderón, Matías Pizarro y Jaime Rey.
Las más de tres mil raciones sin servir en establecimientos de O´Higgins
En 2019, Junaeb contrató a la empresa Inventia Consultores SpA por medio de un trato directo de $120 millones. El objetivo era desarrollar nuevas bases de licitación, cuyo contrato fue validado por el entonces jefe jurídico del organismo, Alejandro Layseca Astudillo, a quien hoy la PDI incautó su teléfono.
Así, la licitación 18-20 asignó a 17 empresas el sistema de alimentación para 42 unidades territoriales distribuidas en siete regiones: Atacama, Valparaíso, O´Higgins, Biobío, Aysén, Ñuble y una zona de la Metropolitana.
En la sexta región, el contrato fue para SOSER.
Este nuevo modelo de licitación–advirtió la auditoría de Junaeb–no contempló bandas de precios. Por tanto, cada empresa “podía ofertar el precio que estimara" para cada servicio como desayuno, almuerzo, once, entre otros.
Y aquí surgen las primeras dudas e irregularidades. Por ejemplo, los valores de esos servicios siempre tenían una oferta de $800 a $2.000 por alumno. En esa oportunidad, SOSER ofreció $1.100 e incluso “ofertó un almuerzo por $300”, mientras que para la entrega de once indicó un cobro de $7.895 para 2022 y de $8.680 en 2023, de acuerdo a la revisión de las nuevas autoridades del actual gobierno.
Como se había eliminado la banda de precios, el elevado monto por cada once que ofertó SOSER no fue obstáculo para evitar que se ganara la licitación, ya que al ofrecer un menor costo en otros ítems les permitía “jugar” con esas variables en el sistema de la Junaeb.
“De las 17 empresas que participaron en la licitación, la única que ofreció un servicio a tan elevado precio fue SOSER. Todas las demás se mantuvieron en los promedios habituales”, se lee en el documento reservado confeccionado en mayo pasado, al que tuvo acceso Reportajes Teletrece.
Para estimar cada ración, Junaeb analiza el servicio del año anterior. “En este caso, se observaron las cifras de 2019. Para la región de O´Higgins, la cantidad de onces en los distintos niveles educativos fue más de un 40% superior a las efectivamente servidas”, detalló una de las observaciones detectadas.
En ese contexto, según datos de la entidad, para la sexta región se programaron 814.087 raciones para el año 2021, de las cuales no se sirvió ninguna. Y la Junaeb pagó a SOSER el 40%, equivalente a $2.082.689.741, dado que por mandato de las bases del contrato, el organismo estaba obligado a cancelar la cuarta parte de las más de 800 mil onces al establecerse una condición “todo evento”.
Estos antecedentes identificaron este servicio como las “onces fantasmas” de O´Higgins, lo que derivó en investigaciones internas, pero sin muchas resultados. Incluso, las nuevas autoridades en la Junaeb plasmaron una pregunta que aún nadie puede responder en el organismo dependiente del Ministerio de Educación:
“¿Fue razonable proyectar más raciones que en 2019, mientras Chile estaba en plena crisis del coronavirus y los colegios estaban cerrados”.
2022 y 2023: las modificaciones de contrato que investiga la Fiscalía Oriente
Si bien ya existía ruido por estos contratos, las presuntas irregularidades continuaron los dos años siguientes. El entonces jefe jurídico de Junaeb, Alejandro Layseca, autorizó el 12 de agosto de 2022–vía correo institucional–una modificación de contrato para SOSER para aumentar el pago fijo de 40% a un 60%.
Estos cambios, según la investigación de Junaeb, se aplicaron sin el control de legalidad de Contraloría, cuyas modificaciones se hicieron efectivos el 13 de diciembre de 2022 con la firma de la entonces directora del servicio Camila Rubio, quien también está como imputada en la causa que lleva la Fiscalía Oriente.
En 2023, el tema se agravó aún más: Junaeb determinó reducir a casi cero las raciones de once en todas las regiones, menos para el contrato de SOSER. “Las raciones proyectadas aumentaron al doble o más, pese a que los dos años anteriores de la licitación, SOSER no había entregado ninguna once en educación básica”, se reseña en el documento al que tuvo acceso Reportajes Teletrece.
Todo esto fue avalado por el jefe de Departamento de Alimentación Estudiantil del organismo, Francisco Pizarro, cuyo teléfono también fue incautado hoy por la PDI.
De acuerdo a la denuncia del director Fernando Peña, SOSER recibió $14.363.739.199 por servicio de onces que jamás entregó en los establecimientos de O´Higgins.
Un esquema de presunta corrupción que el allanamiento en Junaeb y el Congreso comenzará a entregar información relevante sobre las irregularidades detectadas hace varios años, pero que no se habían denunciado al Ministerio Público.
Un actor clave en esta trama sería Alejandro Layseca Astudillo, quien después de visar las mejoras en los contratos de SOSER fue contratado en 2025 por la misma empresa cuestionada como asesor legal y representante de algunas reuniones de lobby.
