“Una vida en el Ministerio Público”. Así describen al nuevo fiscal regional del Biobío, Roberto Garrido Bedwell, quien en enero pasado cumplió 50 años y ha dedicado 24 de ellos a su trabajo como persecutor del Ministerio Público en La Araucanía.
En agosto pasado, el fiscal nacional Ángel Valencia lo designó al mando de la fiscalía regional del Biobío –donde se formó como abogado– en reemplazo de Marcela Cartagena. En entrevista con Reportajes Teletrece Sábado, aborda los desafíos de su nueva gestión y los casos emblemáticos que marcan el arribo a la ciudad que lo vio nacer.
Garrido es cauteloso ante la pregunta de si los grupos armados que ejercen la violencia rural en la Macrozona Sur están desbaratados. “Están en una fase de repliegue”, advierte y enfatiza en que no son grupos políticos, sino que usan la causa mapuche como una “fachada” para sus actividades criminales.
“Lo único que persiguen es el lucro a través de la comisión de delitos comunes”, dice tajante.
El abogado también aborda la tragedia de los siete pescadores de la lancha Bruma, que colisionó con el PAM Cobra la madrugada del 30 de marzo de 2025. El 1 de octubre pasado, se reformalizó a los tres tripulantes del pesquero de la empresa Blumar que cumplían funciones en la cabina al momento del abordaje.
En esa instancia, el abogado de la empresa, Alejandro Espinoza, explicó que su objetivo es llegar a un acuerdo reparatorio con las familias de los pescadores del Bruma, para así evitar llegar a un juicio oral. Sin embargo, el fiscal Garrido descarta de plano ese escenario.
"Nos estamos preparando para enfrentar un juicio oral, porque nos parece que por la gravedad del hecho, la trascendencia que tiene, esa es la instancia que da más garantía a todos los intervinientes, no solo a los imputados, sino que también a las víctimas de conocer cuál es la verdad de lo ocurrido el día del abordaje", confirma a Reportajes Teletrece Sábado.
Otras de las investigaciones que ocupa al nuevo fiscal regional son las indagatorias que se abrieron por irregularidades en el traspaso de fondos suscritos por el GORE del Biobío con fundaciones, lo que se conoció como el Caso Convenios.
Actualmente el Ministerio Público mantiene 13 investigaciones abiertas por convenios entre el GORE y fundaciones, en los que hay 45 personas formalizadas o acusadas por esos hechos. De lo que ha podido estimar el Ministerio Público, se investiga el destino y uso de $5 mil millones de recursos públicos provenientes del gobierno regional.
“El control territorial que reclaman es una fachada para poder cometer delitos con impunidad”
Más de mil años de privación de libertad acumularon las condenas dictadas contra los 18 responsables del ataque a la familia Grollmus y del incendio que destruyó su histórico molino en Contulmo, región del Biobío.
Entre quienes fueron condenados está Federico Astete Catrileo, líder histórico de la Resistencia Mapuche Lafkenche, grupo radicalizado de origen mapuche que se adjudicó el atentado y cuyos miembros fueron condenados.
–¿Puede afirmar que se desbarató a la RML como organización criminal?
–No estoy en condiciones de afirmar que las organizaciones criminales de la Macrozona Sur están desbaratadas. Lo que hemos visto sobre estas organizaciones criminales en la provincia de Arauco, Malleco y Cautín, es que son organizaciones que son bastante resilientes, que si bien en algún momento bajan en cuanto la intensidad de sus acciones, se pueden reagrupar dependiendo de también de factores de orden social y político.
No estimo que su acción haya desaparecido, más bien están en un momento de reorganización de su fuerza, de repliegue. Hay una gran cantidad de personas que están privadas de libertad y seguramente implica una disminución de las posibilidades de actuación, pero es un fenómeno sobre el que permanentemente hay que tener monitoreo y atención.
–¿Les preocupa las comunicaciones que puedan sostener los líderes que están privados de libertad con los miembros que están en el exterior?
–Toda organización criminal, cuyos líderes están privados de libertad, no deja de operar. Eso se puede ver en las organizaciones criminales como el Tren de Aragua y también se ve en estos casos. Las que operan en en la zona sur, en las provincias, son organizaciones que tienen como motivación principal la comisión de delitos para lucrar, eso le interesa a sus integrantes y a sus líderes, lo mismo con otras organizaciones que operan en el centro norte del país.
–¿Usted considera que estas organizaciones no tienen motivaciones políticas como lo enarbolan ellos, sino que más bien persiguen un fin económico?
–Las organizaciones como RML, Resistencia Mapuche Malleco o Liberación Nacional Mapuche, lo único que se conoce en cuanto su postura política son ciertos rayados donde piden la libertad de personas que están presas por delitos comunes, como robo con intimidación, homicidio a otros comuneros Mapuche o delitos vinculados al tráfico de drogas. Me parece que no es suficiente para sostener que tengan una finalidad política, solo usar un eslogan.
Cuando nos damos cuenta en qué tipo de operaciones están involucradas estas personas, que son tráfico de drogas, de armas, robo de de madera, evidentemente no podemos otorgarle el rótulo de movimientos políticos, ya que lo único que persiguen son el lucro a través de la comisión de delitos comunes y donde el control territorial que reclaman es una fachada para poder cometer delitos con impunidad.
–Han sido detenidos líderes como Héctor Llaitul, de la CAM; Federico Astete Catrileo y Javier Ramírez, de la RML; y Sergio Enríquez, de Weichan Auka Mapu (WAM). ¿Quedan otros líderes de grupos armados que operan actualmente en la Macrozona Sur?
–La disminución de la cantidad de acciones violentas no significa que estos grupos dejen de operar. Tenemos que estar trabajando en definir cómo se están reestructurando, quiénes asumen su liderazgo y eso es un trabajo que se hace de manera permanente. Estas organizaciones no se pueden declarar como terminadas, entonces efectivamente tiene que existir un nuevo liderazgo.
Caso Bruma: “Nos estamos preparando para enfrentar el juicio oral”
El fiscal Garrido reconoce que una de las investigaciones de “mayor importancia” en la región corresponde al Caso Bruma, donde siete pescadores perdieron la vida.
En la última audiencia, el tribunal de garantía fijó un plazo de 90 días para el cierre de la investigación. Al final de ese periodo, dice el fiscal regional, se alistan para enfrentar una acusación contra tres tripulantes del PAM Cobra y también contra Blumar como personalidad jurídica.
“En la audiencia, realizamos algunas correcciones menores a la formalización, manteniendo el núcleo fáctico prácticamente inalterado. Actualmente se trata de una investigación que tiene algunas diligencias pendientes”, dice.
–¿Ustedes siguen sosteniendo que lo medular es que hubo un actuar negligente por parte de estos tres tripulantes que estaban en la en la cabina de mando del PAM Cobra?
–Eso es lo que nosotros hemos sostenido y esa es la calificación que hasta el momento, con los antecedentes que se ha logrado reunir, podemos razonablemente acreditar en un juicio.
–Como nuevo fiscal regional, ¿considera también que –como dijo con su antecesora en la audiencia– “Blumar como persona jurídica no previó ni se hizo cargo de gestionar un riesgo reconocido por la legislación marítima vigente”?
–Compartimos todos los fundamentos de la formalización. Nos parece que el trabajo que se había desarrollado hasta ahora, en términos no solo de urgencia de la investigación, sino que también de análisis jurídico es bastante sólido.
–Se pidió por parte de las familias periciar nuevamente la caja naranja del PAM Cobra. ¿Esa diligencia arrojó algún resultado?
–Esa fue una diligencia que ya se realizó, que cuyo resultado consta en los antecedentes de investigación y que determinó que no se habían registrado los hechos por un desperfecto de funcionamiento de la caja naranja. No obstante, ahora se solicitó por los querellantes un peritaje y hoy día eso es lo que se está en desarrollo.
–¿Cuándo podría haber resultados de ese peritaje?
–Ese peritaje que se realiza ahora, se realiza por peritos que son de confianza de los querellantes. Son peritos particulares. La PDI gestionó la realización de este peritaje en el organismo técnico en Francia y esos son los resultados que nosotros tenemos incorporados en los antecedentes de investigación. El resultado de ese peritaje indica que no hay registro de los hechos del accidente en la caja naranja por un desperfecto de la misma.
–Ese desperfecto de la caja naranja, ¿a quién le cabe responsabilidad? ¿A Blumar o a la Armada?
–Nuestro peritaje determinó que no había una manipulación, por lo tanto el funcionamiento, el cumplimiento de los requisitos administrativos y todo lo que se refiere a la ley de pesca, eso escapa de la investigación de la fiscalía.
–Los familiares reportaron un hallazgo de restos óseos en la embarcación Bruma. ¿Pudieron corroborar su origen?
–Al momento de devolver las cuerdas de la embarcación, como parte de los restos que se recuperaron del mar, fueron periciados por la PDI y no fueron encontrados restos orgánicos. Aún no tenemos el resultado definitivo, por el momento los antecedentes con los que contamos no dan cuenta de la presencia de restos biológicos humanos, pero es algo que tenemos que obviamente siempre tener el resultado final.
–¿Usted ya tiene decidido ir a un juicio oral o eventualmente se podría dar otro tipo de salidas, como un juicio abreviado o acuerdo reparatorio como planteó la defensa?
–La obligación que tiene la Fiscalía y que asume en el momento en que formula cargos y formaliza la investigación, es completar la indagatoria, reunir los antecedentes y, si se confirma lo que se puede prever en la etapa de investigación, es sostener la acusación.
Nosotros nos estamos preparando, en una investigación con los recursos que se han invertido, para enfrentar un juicio oral, porque nos parece que por la gravedad del hecho, la trascendencia que tiene, esa es la instancia que da más garantía a todos los intervinientes, no solo a los imputados, sino que también a las víctimas de conocer cuál es la verdad de lo ocurrido el día del abordaje.
Caso Convenios: “Son más de $5 mil millones los montos comprometidos”
En la región del Biobío, así como en otras regiones del país, las investigaciones por irregularidades en los traspasos de fondos públicos a fundaciones ya superan los tres años.
En el caso de Concepción, se investigan las transferencias del Gobierno Regional a cinco organismos. Una de ellas es la Fundación En Ti, a cuyos representantes se le atribuye un fraude de $250 millones. Pese a la gravedad del caso, la preparación del juicio oral se ha postergado en cinco oportunidades.
–¿Cuál es el estado de las investigaciones por convenios en la región?
–La Fiscalía tiene 13 aristas de investigación. Hay tres causas que ya están formalizadas con acusación presentada que corresponden a la Fundación En Ti, que tiene dos causas, una de orden tributario y la que se refiere a los delitos funcionarios. Otra de las aristas, que se refiere a la Fundación Mi Hogar Asuncionista, son tres investigaciones que están formalizadas y con acusación presentada. Hay una causa que está formalizada y tiene plazo vigente que está a un plazo próximo a vencer, que se refiere a la Fundación Bonhomía. Y hay otras nueve investigaciones que están todavía vigentes y con diligencias pendientes.
En total, en las causas que he mencionado, hay 45 personas directamente vinculadas con esos casos.
–¿Cuánto es el perjuicio fiscal que se investiga?
Son más de $5 mil millones, que son los montos comprometidos en los convenios que hemos analizado. Si se consideran sólo los fondos que fueron transferidos, la cifra es un poco menor, son cerca de $4.700 millones.
–¿Cuál es la situación del exgobernador Rodrigo Díaz Worner? La fiscal anterior Marcela Cartagena señaló que él tenía calidad de imputado en la arista de Fundación en Ti.
–Él sigue bajo ese estado de las cosas, no hemos tomado una decisión todavía.
La fiscalía cerró la investigación en el caso de la Fundación en Ti y presentó acusación al respecto de las personas de las que consideramos que existían medios de prueba para poder sostener esa imputación. Y Rodrigo Díaz no está dentro de las personas acusadas en ese caso.
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