Evaluación ambiental 2.0: Cuáles son los cambios que impulsa el Gobierno para dar mayor certeza a los inversionistas

Qué observar. La iniciativa busca agilizar y hacer más eficiente la tramitación de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Se encuentra en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

• Desde el Gobierno dicen que la serie de indicaciones presentadas este lunes tienen como objetivo entregar certeza a los inversionistas a través del cumplimiento de los plazos y con el establecimiento de reglas claras.
• La reforma al SEIA fue ingresada al Senado en 2024, pero bajo la administración del expresidente Gabriel Boric y la entonces ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, sufrió una lenta tramitación que terminó avanzando a la Cámara Baja en abril de 2026.
• La idea de la actual administración es avanzar con la reforma al SEIA en paralelo al proyecto de Reconstrucción, que cuenta con una batería de medidas para reducir la permisología.

Indicaciones. El texto actual propone que las reclamaciones contra los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) sean resueltas por el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), lo que, a juicio del actual gobierno, puede generar decisiones arbitrarias. Por esto, una de las principales indicaciones ingresadas por el ejecutivo es la reposición del Comité de Ministros.

• “En contra de la resolución que califique ambientalmente un EIA, procederá el recurso especial de reclamación ante un comité integrado por los Ministerios de Medio Ambiente, Economía, Agricultura, Energía y de Minería”, se lee en las indicaciones
• La propuesta también detalla que el Comité deberá sesionar “a lo menos 10 veces por año”.
• Con la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, el Comité de Ministros ha tomado protagonismo en la administración del presidente José Antonio Kast. La instancia ha sesionado seis veces, logrando destrabar US$ 7.005 millones de inversión.

Única vía. Según expertos la indicación más relevante presentada por el Ejecutivo es la creación de un “recurso único” que permita canalizar por una solo vía todas las reclamaciones a las iniciativas.

• El concepto de que exista una única vía para las reclamaciones se refiere a que las impugnaciones deberán presentarse mediante un recurso especial presentado ante el director ejecutivo del SEA o el Comité de Ministros, según el tipo de inversión, y posteriormente, si corresponde, se podrá reclamar ante los Tribunales Ambientales.
• La propuesta elimina la posibilidad de invalidar una RCA después de aprobado el proyecto. Actualmente la ley contempla que un incumbente pueda solicitar dejar sin efecto un permiso ambiental por considerarlo ilegal hasta dos años después de su aprobación.
• El Ejecutivo también propone limitar la presentación de reclamaciones realizadas por terceros; éstas impugnaciones deberán estar relacionadas a hechos que no hayan sido parte de la discusión durante la evaluación ambiental para evitar que se conviertan en acciones dilatorias contra las inversiones.
• Además, apuntan que las reclamaciones deberán ser resueltas en un plazo fatal de 45 o 90 días, para los casos de DIA o de EIA, lo que fija plazos claros para resolver los cuestionamientos a los proyectos.
• Vale decir que las reclamaciones a las DIA son resueltas por el director ejecutivo del SEA.

Impactos acumulativos. Uno de los cambios menos visibles, pero potencialmente más relevantes presentados por el Ejecutivo, es la definición de “impacto acumulativo”. En el proyecto que emanó del Senado la propuesta establece que estos corresponden a “aquel impacto ambiental que resulta de los efectos sucesivos, incrementales o combinados de un proyecto o actividad en un área o componente determinado, que se pueden sumar a los efectos de otros proyectos o actividades existentes en el territorio”.

• Al respecto, el Gobierno detalló en esa definición que solo se consideraren proyectos que “se encuentren en operación”.
• La indicación acota la evaluación de impactos acumulativos a proyectos ya operativos, excluyendo iniciativas futuras, aprobadas o en construcción. Esto reduce las exigencias potenciales para los titulares y hace más predecible la evaluación ambiental.

Mejoras tecnológicas. El Gobierno también propone que proyectos ya aprobados no vuelvan a pasar por evaluación ambiental cuando se trate de cambios menores dentro de la zona previamente autorizada y sin efectos ambientales relevantes.

• También, establece que las mejoras tecnológicas en las iniciativas quedarán exentas de ingresar nuevamente a tramitación ambiental.

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