A seis años del 18-O: Monto entregado por Tesorería por pensiones de gracia alcanza los $6.200.564.577
Protesta en los alrededores de Plaza Baquedano el 18 de octubre de 2024, para el quinto aniversario del 18-O. (Agencia Uno)
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Por qué importa. Los casi US$ 6,49 millones entregados hasta septiembre a los pensionados de gracia del 18-O revelaron el costo fiscal de la controversial política de compensación a los afectados por el estallido social, en que falsas víctimas de abusos policíacos y militares han recibido el beneficio junto a afectados reales.
- La Tesorería General de la República detalló, tras una solicitud vía ley de transparencia en que se consultó por cada RUT, los montos recibidos por 401 del total de 418 pensionados de gracia del estallido.
- Del total, 270 recibieron el beneficio durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y 148 en la administración del expresidente Sebastián Piñera.
- Los montos entregados por Tesorería sumaron $6.200.564.577, equivalentes a casi US $6,49 millones con el cambio de este viernes, otorgados desde principios de 2022. Boric asumió el 11 de marzo de ese año.
- Ese total es suficiente parar levantar un Centro de Salud Familiar o comprar 216 furgones policiales de US$ 30 mil cada uno.

Campillai: "El Presidente hizo 1% de lo que comprometió a víctimas del estallido, nos defraudó totalmente"
Los formalizados y el ex prófugo. Este jueves —ad-portas del sexto aniversario del 18-O— la Fiscalía Metropolitana Occidente formalizó cargos por fraude de subvenciones en contra de Robinson Jaramillo Monje, 58, y Francisco Gatica Catalán, 34.
- Jaramillo Monje —que acusó haber sido baleado en el tobillo por militares en una zona donde no había personal del Ejército, que tenía una condena por abusar sexualmente de una niña y alcanzó a recibir $6.896.461—, quedó en prisión preventiva por peligro de fuga, con una caución de $6 millones para salir de la cárcel de Valdivia.
- Gatica Catalán —que reconoció haber inventado que recibió un tiro de perdigón de Carabineros, a quien le transfirieron $7.341.227 y tenía irreprochable conducta anterior—, quedó con arresto domiciliario nocturno en Temuco y arraigo nacional.
- Un tercer caso controversial es el de Juan Francisco Villalobos Prado, 39, que estuvo un año y medio prófugo por estafa y que hasta el mes pasado había recibido más de $19 millones pese a que en enero se cerró la causa en que figuraba como supuesta víctima de Carabineros, a que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) quitó el apoyo a su caso y a las solicitudes parlamentarias de revocar su beneficio.
- El gobierno revocó el año pasado el beneficio a 28 casos cuestionados. Villalobos Prado, pensionado por el Presidente Boric, seguía recibiendo casi $700 mil al mes.
- Los beneficiarios cuestionados recibieron inicialmente la pensión porque ni el INDH que presentó los casos, ni la comisión presidencial que los analizó, revisó sus antecedentes penales ni hizo indagaciones adicionales para verificar sus testimonios. La explicación que dieron fue que no era un requisito legal.
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La promesa de Boric. El 1 de junio de 2022, en su primera cuenta pública tras llegar a La Moneda, el Presidente Boric anunció que aumentaría la entrega de recursos estatales a las víctimas de violaciones a los derechos humanos tras el 18-O.
- “Hemos presentado una agenda integral de Verdad, Justicia y Reparación a víctimas en el contexto del estallido social”, dijo entonces el mandatario. “La cual contempla reformular los programas de salud para víctimas y aumentar sus pensiones de gracia”.
- Era el reforzamiento de un beneficio entregado en el gobierno del expresidente Piñera, que se originó en una indicación presentada en 2020 por el entonces diputado y luego senador Daniel Núñez (PC), en el marco de la ley de presupuesto.
- El beneficio que Boric prometió aumentar se sumaba a la promoción de la liberación de los denominados “presos de la revuelta”, la que —tras fracasar en el Congreso— dio paso a los indultos de 12 presos del 18-O y del exfrentista Jorge Mateluna.
- Esos indultos se transformaron en una de las primeras crisis de su gestión, al conocerse el largo prontuario de Luis Castillo, el “insurrecto”, y los antecedentes penales de otros beneficiados.
