La desclasificación de antecedentes de Procultura, el caso que más complica al Gobierno

Este 4 o 5 de abril, vale decir, en menos de un mes, el fiscal Patricio Cooper pondrá fin a la reserva de la causa de Procultura. Se trata de una fundación creada en 2010 por el siquiatra Alberto Larraín, que aumentó en más de 10 veces sus ingresos por reparticiones públicas entre 2021 y 2022, año en que asumió el Presidente Boric. Larraín lo conocía desde que era diputado y estrechó su relación cuando el entonces parlamentarios hizo público que sufría de Trastorno Obsesivo Compulsivo.

La desclasificación de antecedentes preocupa al oficialismo, por al menos 3 razones.

1) En el caso fueron declarados sujetos de interés —paso previo a la calificación de imputados— seis gobernadores, cinco de los cuales fueron reelectos: Claudio Orrego (ex DC), de la Región Metropolitana; Ricardo Díaz (ex RD), de Antofagasta; Rodrigo Mundaca (ind-FA), de Valparaíso; Oscar Crisóstomo (PS), del Ñuble y Jorge Flies (Ind-Radical), de Magallanes. Rodrigo Díaz (ex DC) del Biobío, no compitió.

2) Un peritaje en el celular de Jorge Flies encontró numerosas conversaciones con el director de Pro Cultura donde éste le pedía acelerar la aprobación de proyectos de la fundación en la zona, los que no se llevaron a cabo. Larraín le relató supuestas conversaciones con Boric. No se sabe si se estaba jactando de conversaciones que no existieron y eran una forma de mostrar poder para presionar por sus proyectos.

3) Sobre la labor que cumplió en Pro Cultura Irina Karamanos, donde trabajó antes de que Boric llegara a La Moneda, Larraín ha dicho: “Irina postuló a un cargo que se abrió en la fundación para apoyar en Educación Identitaria y fue seleccionada por sus conocimientos en investigación social y temáticas culturales”. Un informe de la PDI, desmentido por Karamanos, registró una eventual anomalía contable en pagos hacia ella.