Quién es Sebastián Aylwin, el abogado FA que lideró reforma ambiental y su salto al mundo privado

Cercano a Boric. En julio, Sebastián Aylwin comenzó a trabajar en la empresa CleanTech Lithium como especialista medioambiental. Mediante una publicación en LinkedIn el abogado explicó que en la compañía tendrá la responsabilidad de liderar la tramitación ambiental del proyecto Laguna Verde, orientado a la extracción de litio.

• El abogado de la U. de Chile, especialista en derecho ambiental, es sobrino nieto del expresidente Patricio Aylwin. Cuenta también con un magister Gestión de Riesgos y Recursos por la Universidad de Heidelberg, en Alemania.
• Aylwin es cercano del expresidente Gabriel Boric desde los años en que estudiaban derecho en la U. de Chile, donde ambos fueron voceros de la toma la facultad de 2009. Entre marzo de 2022 y marzo de 2026, se desempeñó como jefe de la Oficina de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, donde se encargaba de coordinar los pronunciamientos de la cartera sobre los proyectos que evalúa el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).
• Según reveló una investigación de CIPER, el abogado también lideró en ese periodo las reformas al reglamento del SEIA, que fija las reglas para la evaluación de los proyectos de inversión.
• Cuatro meses después de abandonar el gobierno fichó en Clean Tech y se encargará de liderar la tramitación ambiental del proyecto de la firma bajo las normas del reglamento que él mismo reformó.

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Inhabilidades. El paso de exfuncionarios a empresas vinculadas con las materias que regularon es un vacío que el Estado ha intentado cerrar sin éxito. Hoy la Ley 18.575 solo impone seis meses de inhabilidad, y únicamente a quienes salen de organismos fiscalizadores.

• En 2024 la Secretaría General de la Presidencia propuso ampliar a un año la lista de exautoridades impedidas de prestar servicios a privados relacionados. Este año, la diputada Gael Yeomans —presidenta del Frente Amplio, el partido en que milita Aylwin— fue más lejos: planteó extender ese plazo a dos años, con multas y prohibición permanente de volver al Estado.

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• Alberto Precht, presidente de Chile Transparente, sostuvo a Ciper que, aunque una contratación del abogado del FA no esté prohibida, puede haber un problema ético: “Si la persona que redacta algo, luego va a trabajar con quién beneficia ese reglamento, evidentemente puede contar con alguna ventaja que otras (empresas) no tienen”. Y mientras la norma no lo impida, “los conflictos éticos los regula cada uno en su fuero interno”.
• Las reformas hasta ahora planteadas no tocarían a Aywin por el cargo que desempeñaba. Las inhabilidades vigentes y las propuestas alcanzan a ministros, subsecretarios y jefes de servicio, pero no a quien, desde una jefatura intermedia, lidera la confección de una norma que luego aplica para un cliente.

El día en que el FA embistió contra Cordero. El 12 de agosto, Yeomans y Constanza Martínez, entonces candidatas a presidir el FA, apuntaron en duros términos contra el ex ministro Luis Cordero por representar a SalmonChile ante el Tribunal Constitucional, en el contexto de la megarreforma económica.

• “Siempre hemos criticado la puerta giratoria entre los cargos públicos y la defensa de los grupos económicos, por eso no podemos hacer una excepción cuando se trata de alguien de nuestro sector”, dijo Martínez. “Luis Cordero no debería representar a la industria salmonera”.
• “Mientras la ley siga siendo tan débil, estos casos van a seguir repitiéndose. Es necesario cerrar esta puerta de una vez por todas”, añadió Yeomans.

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• Cordero fue ministro de Justicia y de Seguridad y defendió artículos de un proyecto del gobierno de Kast sobre concesiones acuícolas, materia ajena a las carteras que dirigió.
• En tanto, el ex ministro Nicolás Grau envió un mensaje a los militantes del FA, en que señala que “debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobiernos”. El debate en el FA comenzó con el fichaje de Matías Meza-Lopehandía -ex jefe de gabinete de Boric- en una firma de lobby, aunque Grau defendió a Aylwin.

Contraloría. En los primeros meses de 2026, CleanTech acordó con el Estado un contrato especial de operación de litio (CEOL), vía trato directo. El 10 de marzo -un día antes del cambio de mando-, fue enviado a Contraloría para la toma de razón.

• En mayo, el ente controlador cuestionó que la concesión se acordó por trato directo y se abstuvo de dar curso a la solicitud. En un documento al que tuvo acceso Ex-Ante, Contraloría dijo que “no se expresan los motivos que justificarían tal selección, lo cual tampoco puede desprenderse de los antecedentes tenidos a la vista en forma clara, concreta y precisa”.

La versión de Aylwin. El abogado detalla a Ex-Ante que mientras trabajaba en la anterior administración de no tuvo “ningún contacto con la compañía CleanTech. De hecho no la conocía hasta salir del gobierno”.

• “Ninguna decisión o acto mío durante mi rol en el Estado se relaciona o beneficia, directa o indirectamente, ni a la empresa ni al proyecto en el que ahora trabajo. La reforma al SEIA fue específica para ciertos tipos de proyectos, entre los cuales no se encuentran las iniciativas de litio”, añade.