La resolución incendió las redes sociales y desató protestas en varias ciudades de México.
Un juez absolvió a Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los 4 acusados de haber abusado sexualmente de una menor de edad en Veracruz, en el sureste de México, lo que permite su eventual liberación.
Los implicados son conocidos como "Los Porkys de Costa de Oro", jóvenes exalumnos de un colegio católico y de familias adineradas con vínculos políticos en el estado.
El caso, que provocó un escándalo a mediados de 2016 cuando se hizo público, ahora vive un nuevo capítulo.
Y no es sólo por la decisión judicial de liberar a Cruz Alonso -quien había huido a España y fue extraditado a México hace unos meses- sino también por las razones para hacerlo.
Según el juez Anuar González Hemadi, que ha sido suspendido en sus funciones por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), no se pudo probar que el acusado cometió pederastia, delito del que había sido acusado.
Esto a pesar de que en sus conclusiones establece que los agresores tocaron los senos y la vagina de la víctima, una adolescente de entonces 17 años llamada Daphne Fernández.
El CJF ha iniciado una investigación sobre la sentencia.
Según el juez, el acusado "no tenía intención lasciva" ni tampoco buscaba "copular" con la víctima.
Son dos de los elementos que, según las leyes mexicanas, constituyen el delito de pederastia.
Así, para el magistrado lo que ocurrió con la adolescente no fue un acto sexual sino "un roce o frotamiento incidental". Y le concedió al acusado un amparo para quedar en libertad.
Interpretaciones del juez
El caso ocurrió en enero de 2015, cuando después de una fiesta Daphne fue subida sin su consentimiento al auto de los jóvenes que la llevaron a la casa de uno de ellos, donde presuntamente abusaron de ella.
La denuncia se presentó en mayo de ese año y un año después se hizo público en redes sociales.
Pero más allá de la polémica de estos días, lo sucedido a Daphne revela un problema mayor, advierten organizaciones de derechos humanos.
En el sistema judicial mexicano existen omisiones y prácticas que frecuentemente dejan en la impunidad las agresiones contra mujeres.
De hecho fue en una de estas lagunas jurídicas que el juez González Hemadi dictó su sentencia, señalan activistas como Verónica Cruz, fundadora de la asociación Las Libres.
"Los huecos legales permiten que los jueces hagan interpretaciones de acuerdo a sus propios estereotipos de género", le dice Cruz a BBC Mundo.
"Es decir, deciden con las creencias que ellos tienen respecto a las mujeres, y eso es lo grave", añade.
En el caso de la adolescente se mezcló además que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) acusó a Diego Cruz de cometer pederastia.
Se trata de un delito que, por la forma como se define en los códigos penales del país, permite la interpretación de los jueces para castigarlo.
En el caso de Veracruz, por ejemplo, señala que lo comete quien "sin llegar a la cópula? abuse sexualmente de un menor, agraviando su integridad física o emocional".
Otro elemento es que el perpetrador se aproveche "de la ignorancia, indefensión" de la víctima.
En este caso el juez consideró que Daphne no estaba indefensa, a pesar de que se encontraba sola con cuatro jóvenes adultos en la casa de uno de ellos, Enrique Capitaine, quien también está detenido.
Impunidad
La forma como la FGEV presentó el caso facilitó la sentencia que dictó el juez, insiste Verónica Cruz.
Y es que desde el principio existían elementos para acusar al implicado de violación, un delito donde se establecen condicionantes que no permiten interpretaciones.
Uno de ellos es la diferencia de edades: Daphne era menor cuando fue atacada y los agresores ya eran adultos.
Además el delito se castiga cuando se comprueba que existe la intención de cometer un abuso, como tocar el cuerpo de la víctima sin su consentimiento.
Para comprobarlo se debe analizar también el contexto en que se desarrollan los hechos, algo que no suele hacerse con detalle ante acusaciones de pederastia.
En el caso de Daphne "se la llevaron a la fuerza en un coche sin su consentimiento, eran cuatro, mayores de edad", recuerda Verónica Cruz.
Los tocamientos que hicieron los agresores, en ese escenario, permitirían demostrar el delito de violación.
Pero la Fiscalía no acusó a Diego Cruz de eso.
Eso es algo que ocurre con frecuencia en las denuncias de violencia contra mujeres en todo el país, señala Laura Martínez Rodríguez, fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac).
"Las mujeres que han vivido alguna situación de violencia sexual, denunciada y tipificada legalmente, generalmente se les violan sus derechos", le dice a BBC Mundo.
"En las fiscalías, con el argumento de que el acusado no tiene perfil de agresor sexual, dicen que no hay delito que perseguir", agrega.
Por eso la impunidad, dicen las activistas, cuya consecuencia es que los delitos se repiten.
Ello se refleja en las estadísticas.
En México, según datos del gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, 63 de cada 100 mexicanas han sufrido algún tipo de violencia.
Y de las agresiones denunciadas, el 98% no son castigadas.
En el caso de Daphne Fernández, otro de los implicados, Enrique Capitaine, está a la espera de ser juzgado, y Jorge Cotaita, se encuentra prófugo de la justicia.
El cuarto joven, Gerardo Rodríguez, que conducía el coche al que subieron a la joven, quedó desde el principio libre de cargos.
