Los diputados franceses votaron el martes por la noche por unanimidad a favor de prohibir las "terapias de reorientación" sexual que buscan imponer la heterosexualidad normativa a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
La propuesta de ley prevé sancionar estas "terapias" con dos años de prisión y 30.000 euros (34.700 dólares) de multa, pena que puede ascender a tres años y 45.000 euros (52.000 dólares) cuando se trata de menores.
Esta "terapias" que pretenden "curar" a los homosexuales son poco conocidas. En 2019, los legisladores Laurence Vanceunebrock (liberal) y Bastien Lachaud (izquierdista) evocaron un centenar de casos recientes y alertaron del aumento.
"No hay nada que curar. Ser uno mismo no es un crimen. No debemos intentar modificar la identidad de género o la orientación sexual" de las personas, estimó la ministra de Igualdad, Elisabeth Moreno.
Los dos diputados clasifican esas "terapias" en tres categorías: "religiosas", entre llamados a la abstinencia y sesiones de "exorcismo"; "médicas", con tratamientos hormonales, hipnosis e incluso electrochoques; y "sociales", con "bodas forzadas" heterosexuales.
Antivacunas en Guatemala secuestran a un grupo de enfermeras durante horas
Aunque estas acciones ya pueden ser castigadas, Vanceunebrock estima necesario la creación de un delito específico para mejor enfrentar el fenómeno y apoyar a las víctimas a la hora de denunciar y de liberarse del "control" de algunos ambientes.
A pesar del visto bueno unánime de la Asamblea, la incertidumbre planea sobre si la propuesta de ley podrá pasar a tiempo el filtro del Senado antes de febrero, cuando terminan los trabajos parlamentarios a causa de la elección presidencial de abril.
Las asociaciones LGTB y la sociedad civil intensifican su movilización. Cantantes muy populares entre los jóvenes franceses como Eddy de Pretto y Hoshi urgieron a finales de abril a los diputados a que actuaran.
En Europa, Malta y Alemania ya prohibieron estas "terapias de reorientación" sexual y acciones parecidas comenzaron en Holanda y el Reino Unido. En Canadá, los diputados aprobaron una propuesta parecida en junio.
