Tras la imposibilidad de Benjamín Netanyahu de formar una coalición de Gobierno, el Parlamento israelí ha votado disolverse. Esto lleva al país a nuevas elecciones el próximo septiembre. Las anteriores fueron el pasado 09 de abril.
Minutos después de que se agotase el plazo para constituir un acuerdo de Ejecutivo, Netanyahu, primer ministro israelí en funciones, logró que la Cámara aprobase por mayoría (74 a 45) su disolución. De este modo evitó que el presidente, Reuvén Rivlin, le asigne la tarea a otro parlamentario, previsiblemente a su principal rival, Benny Gantz.
Rivlin había avisado previamente que, de no formarse un Gobierno, tendría que decidir entre asignar la tarea a otro diputado o convocar nuevamente los comicios. Pero el voto de esta noche deja sin efecto la voluntad presidencial e implica que los israelíes deberán retornar a las urnas.
Es la primera vez que se da esta situación desde la creación del Estado.
En términos políticos, la situación es un fracaso para Netanyahu, en el poder desde 2009 y durante un total de más de 13 años, si se tiene en cuenta su primer mandato (1996-1999).
Netanyahu no consiguió formar coalición pese a que su partido Likud y sus socios de derecha y religiosos consiguieron los suficientes escaños en las elecciones del 9 de abril.
Los debates
La disputa que obstaculizó la formación de una coalición, y que ya había desencadenado la convocatoria anticipada de las últimas elecciones, gira en torno al texto de la ley de reclutamiento al servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos.
La ley fue exigida por el partido Israel Nuestro Hogar, liderado por el exministro de Defensa Avigdor Lieberman, y rechazada por los ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, todos ellos miembros clave de la coalición que Netanyahu trató de montar.
Este intentó mediar entre los partidos en disputa pero todas sus propuestas fueron rechazadas en negociaciones que se prolongaron hasta prácticamente minutos de llevarse a cabo la votación en la Knéset y de expirar el plazo legal para la formación de una coalición gubernamental.
Muchos critican el gasto de dinero y energía que supondrán los nuevos comicios. Un representante del ministerio de Finanzas citado por la prensa habló de un coste de al menos 475 millones de séqueles (117 millones de euros) por disolver la asamblea y convocar elecciones.
