El fiscal general de Canadá dio a conocer el viernes un proyecto de ley para penalizar las protestas antivacunación contra hospitales y clínicas, luego de un aumento en el acoso a médicos y enfermeras durante la pandemia.
Las enmiendas propuestas al código penal del país convertirían en un delito punible con hasta 10 años de prisión utilizar el miedo para impedir que los trabajadores de la salud cumplan con sus funciones o que una persona acceda a un centro de salud.
"Todos hemos visto las protestas durante la pandemia, incluso esta semana", dijo el fiscal general David Lametti en conferencia de prensa, señalando que "los negacionistas del COVID intentan evitar que los niños reciban vacunas que pueden salvar vidas".
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El miércoles los niños canadienses de 5 a 11 años comenzaron a recibir inyecciones de dosis contra el corononavirus después de que Ottawa aprobara la vacuna Pfizer para ese grupo de edad.
Lametti llamó a los manifestantes que "intimidan, acosan, obstruyen o amenazan a (los) profesionales de atención médica de primera línea, trabajadores de apoyo y usuarios" a que depongan esas actitudes.
"Este tipo de comportamiento es aborrecible e inaceptable", dijo, "especialmente en un momento en que el acceso a los servicios de salud es más crítico que nunca".
Katherine Smart, presidenta de la Asociación Médica Canadiense, afirmó que el año pasado fue testigo de "una desafortunada escalada de odio", incluso violenta, contra médicos y enfermeras en sus lugares de trabajo.
Los resultados preliminares de la encuesta nacional de salud de médicos de 2021 de la asociación encontraron que tres de cada cuatro médicos habían experimentado "intimidación y acoso en el lugar de trabajo", mientras que uno de cada tres dijo que esto sucede con regularidad.
Las profesionales mujeres dieron cuenta de significativamente más amenazas que sus homólogos hombres, agregó Smart.
