Este nuevo escándalo millonario se ha destapado en un momento de gran crispación en Brasil, apenas dos semanas después de que un millón y medio de manifestantes salieran a protestar contra el gobierno de Dilma Rousseff, así como por el enorme esquema corrupto descubierto en el centro de la petrolera estatal Petrobras.
La "Operación Zelotes" (falso celo, en español), llevada a cabo por la policía federal, investiga un sofisticado entramado fraudulento que operaba en el CARF, un órgano dependiente del Ministerio de Hacienda que se encarga de juzgar en última instancia las sanciones impuestas por el fisco.
Algunos consejeros del CARF habrían aceptado y promovido sobornos de grandes empresas que debían abonar millonarias multas a la Hacienda federal a cambio de fallar a su favor en los juicios y rebajar o ahorrarles, así, el pago de los impuestos.
"Las investigaciones, iniciadas en 2013, apuntaron que la organización actuaba en el interior del órgano patrocinando intereses privados, buscando influenciar y corromper consejeros con el objetivo de conseguir la anulación o disminuir los valores de los autos de infracciones de la Hacienda federal", explicó la policía en un comunicado.
La cantidad defraudada podría rondar los 19.000 millones de reales (alrededor de 5.860 millones de dólares al cambio actual), aunque la policía informó que ya fueron identificados daños por casi 6.000 millones de reales (unos USD 1.850 millones).
"El grupo utilizaba empresas interpuestas para disimular sus acciones y el flujo de dinero, que era lavado, retornaba como patrimonio aparentemente lícito para estas empresas", añadió la policía.
Los investigados que sean finalmente acusados tendrán que responder por los delitos de tráfico de influencias, corrupción pasiva o activa, organización criminal y lavado de dinero, entre otros.
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