Caso Fragatas: Fiscalía ordena prisión contra General (r) Lizárraga por cohecho internacional

El Tercer Tribunal Oral de Santiago ordenó la primera condena de cumplimiento efectivo del Caso Fragatas, en el segundo juicio del caso.

El General en retiro del Ejército, Víctor Lizárraga, fue sentenciado a 205 días de cárcel y además, tendrá que pagar una multa de 3 millones de pesos, tras ser declarado culpable por el delito de cohecho a funcionario público internacional, consignó Bío Bío.

Nancy Alvarado, magistrado presidenta del tribunal oral, detalló el viernes la sentencia del caso, en el que, además, se le prohibió ejercer cargos públicos por siete años al General (r) Lizárraga.

En la resolución, los sentenciadores señalaron que el ex uniformado, no podía acceder a una pena sustitutiva, o sea de cumplimiento de libertad, debido a que ya contaba con una condena en su contra por el caso del homicidio del coronel Gerardo Huber.

Pablo Norambuena, el fiscal oriente, incorporó el antecedente, cuando se hizo la petición de pena ante el tribunal.  Al mismo tiempo, Rodrigo Álvarez y Diego Acuña, abogados del Consejo de Defensa del Estado solicitaron cárcel para el general en retiro.

En la causa del fiscal Norambuena, se determinó que Lizárraga, a través de la empresa Serlog, pagó coimas a Jong Pak Lee, el funcionario de la embajada de Corea, con el objetivo de concretar “millonarios negocios en la compra de insumo bélicos para el Ejército”.

Norambuena explicó que “se trata de una investigación en que uno de los medios de prueba esenciales para poder acreditar tanto la comisión del delito como la intervención culpable y penal del acusado son las escuchas telefónicas, que nosotros hemos sostenido que son interceptaciones que se autorizaron por el Juez de Garantía, cumpliéndose los requisitos legales”.

A partir de hoy, sábado, la defensa del General en (r) Lizárraga, la que es liderada por los ex fiscales Patricio Vergara y Jorge Valladares, va a contar con 10 días para recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago y presentar un recurso que permita anular este segundo juicio.

Si se llegase a acoger los argumentos de la defensa, el tribunal de alzada de Santiago, podrá ordenar un tercer y último juicio, en el que no se podrán agregar nuevas pruebas.