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CDE interpone querella contra carabineros imputados por tortura en comisaría de Peñalolén

Agencia Uno
Por T13
El Consejo de Defensa del Estado se hará parte del proceso que tiene a dos funcionarios policiales en prisión preventiva y los acusará de apremios ilegítimos.

El Consejo de Defensa del Estado interpuso, el jueves,  una querella criminal por el delito de apremios ilegítimos agravados cometidos en contra de dos adultos y cuatro menores de edad, en contra de funcionarios de Carabineros de Chile. Lo hechos referidos ocurrieron la noche del 20 de octubre de 2019 en la 43º Comisaría de Peñalolén.

La acción penal del CDE se dirige en contra de determinados funcionarios de Carabineros y los acusa de apremios ilegítimos, en su figura agravada, contra de las víctimas, algunas menores de edad, cuando se encontraban detenidos al interior del recinto policial.

La querella hace referencia a los hechos ocurridos los primeros días de las manifestaciones sociales que se produjeron en el país en octubre de 2019 y que involucraron a tres carabineros, quienes fueron detenidos y acusados de apremios ilegítimos por la fiscalía, e incluso dos de ellos fueron imputados por el delito de torturas.

De acuerdo con los antecedentes que advierte el CDE, las víctimas habrían sufrido agresiones reiteradas de diversa índole por parte de los efectivos imputados, como golpes a mano abierta en el rostro y espalda, golpes con dos manos cruzadas en la cabeza o habrían recibido, de manera intencional, la aplicación de restos de polvo de tipo lacrimógenos provocando la irritación de sus ojos y aparato respiratorio. Esto, mientras ellos estaban privados de libertad y en situación de indefensión, bajo custodia.

Los uniformados Sebastián González y Juan Leiva, están desde octubre de 2020 con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el tercer involucrado, Carlos Fuenzalida mantiene arresto domiciliario, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima. 

En cada uno de los hechos, dice la querella del CDE, los efectivos imputados abusaron gravemente de su deber de funcionarios públicos, verificándose el delito de apremios ilegítimos en su figura agravada.

En un inicio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos acusó que las víctimas habían sido “crucificadas” en el retén policial, sin embargo, tras las indagatorias del Ministerio Público, se descartó este acto