Detectan más de 23 años de retraso en la actualización del plan de drenaje de aguas lluvias en Antofagasta
Agencia Uno - Lluvia en Antofagasta (referencial)
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La Contraloría Regional de Antofagasta detectó un retraso superior a 23 años en la actualización del plan de drenaje de aguas lluvias de esa región en el norte del país.
Así se desprende del informe que compartió este miércoles la entidad fiscalizadora, que examinó contratos de construcción y conservación de infraestructura de control aluvional ejecutados por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas (DOH) en el borde costero de dicha región, durante 2024 y 2025.
Entre los hallazgos más relevantes, la Contraloría detectó que la Dirección Regional de Obras Hidráulicas mantiene pendiente, por más de 23 años, la actualización y aprobación del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas Lluvias de Antofagasta, un instrumento clave para la planificación y gestión de riesgo frente a precipitaciones y aluviones.
La Contraloría solicitó al servicio informar sobre las medidas que adoptará para regularizar esta situación, junto con instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.
Otro hallazgo importante tiene que ver con la permanencia de viviendas, construcciones y asentamientos emplazados sobre infraestructura y áreas de resguardo aluvional consideradas de riesgo en las comunas de Antofagasta, Tocopilla y Taltal.
La Contraloría también solicitó informar las medidas que se implementarán para disminuir la exposición de la población a eventuales emergencias aluvionales.
Finalmente, se detectó una importante acumulación de residuos en obras ubicadas en las quebradas La Cadena y Salar del Carmen, en Antofagasta, además de la falta de iniciativas orientadas a asegurar la inspección y limpieza periódica de esta infraestructura.
Destacar que esta auditoría forma parte del plan nacional de fiscalización de la Contraloría, orientado a verificar el estado y avance de obras públicas, así como las acciones desarrolladas por los organismos públicos para la prevención de riesgos y la protección de las comunidades.
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