Investigación reservada y sin detenidos: Fiscalía Oriente detalla diligencias por eventual corrupción en licitaciones de Junaeb
Durante la jornada de este jueves, se realizaron allanamientos simultáneos por el presunto delito de cohecho en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
Los operativos incluyeron distintas comunas de la Región Metropolitana y otras comunas del país, además de la sede del Congreso Nacional y las dependencias de Junaeb.
Se investigan los delitos de fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción.

Fiscalía detalla diligencias por irregularidades en Junaeb
La fiscal Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, dio cuenta que los delitos investigados tienen relación con "las licitaciones de alimentación escolar en la Junaeb, principalmente en la región de O’Higgins, pero creemos que la investigación va a dar cuenta que ocurría en otras regiones del país".

En total, se concretaron las órdenes de entrada y registro a 10 domicilios. "Fue una diligencia que catalogamos como exitosa, logramos obtener todos los medios que necesitábamos. La investigación se encuentra en carácter de reservada", dijo la fiscal.
Por otra parte, manifestó que con respecto a los parlamentarios, se investigan eventuales delitos de cohecho.
El subprefecto David Castro, jefe de la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana dio cuenta de que "se desplegaron más de 80 funcionarios a nivel de Chile, en distintas comunas de la RM y ciudades de Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique".
"Se logró la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y documentos de relevancia", precisó.
De momento, no hay personas detenidas y la investigación es de carácter reservada.
El subprefecto señaló que "dentro de las diligencias que se efectuaron, se realizaron las incautaciones de teléfonos, dispositivos de diferentes personas que están involucradas en esta investigación. Hay una orden del Cuarto Juzgado de Garantía que permitió la incautación y entrada y registro de algunos domicilios".
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