Funcionario del Poder Judicial es citado a declarar en calidad de imputado por liberación de sicario
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Un trabajador del Poder Judicial fue citado a declarar en calidad de imputado en el marco de la investigación por la inexplicable liberación del sicario venezolano Alberto Carlos Mejía, quien es una de las personas implicadas en el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Según lo que consigna BioBíoChile, el proceso judicial busca esclarecer por qué Mejía, pese a estar a punto de ingresar a prisión preventiva, recuperó su libertad y logró posteriormente salir del país rumbo a Perú.
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Cabe recordar que en un inicio, el sujeto se presentó ante las autoridades con una identidad falsa, utilizando el nombre de Osmar Ferrer, lo que dio origen a una cadena de decisiones judiciales erráticas que son actualmente objeto de indagatoria.
La confusión comenzó con una primera resolución que ordenaba prisión preventiva pero que contenía un error en la identificación del imputado. A raíz de ello, se emitió un segundo oficio que anulaba esa decisión, seguido de una tercera resolución que sí contenía los datos correctos, confirmando la medida cautelar.
Sin embargo, a pesar de que este último documento fue remitido a Gendarmería alrededor de las 14:00 horas del 10 de julio, el reo fue liberado cerca de seis horas más tarde, lo que levantó serias alarmas respecto a la comunicación que hay entre el Poder Judicial y la institución carcelaria.
Un funcionario judicial habría provocado el error en la liberación del sicario
Según dio a conocer El Mercurio, entre este viernes y el lunes próximo, el Pleno de la Corte Suprema tiene previsto revisar un informe elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Este reporte analiza los hechos que ocurrieron dentro del Octavo Juzgado de Garantía y que condujeron a la excarcelación del sicario ligado al asesinato del ‘Rey de Meiggs’.
Los primeros hallazgos del informe descartan fallas en los sistemas computacionales y apuntan a un “error humano” cometido por el funcionario encargado de remitir a Santiago 1 el oficio que anulaba el primer documento, aquel con el error de nombre.
Lo que debió haber sido una tramitación interna fue enviado directamente a Gendarmería, entidad que acató la instrucción contenida en dicho oficio y procedió a la liberación de Mejía, sin advertir que existía una tercera resolución ya vigente con los datos correctos.
