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Gobierno se querella por Ley de Seguridad del Estado tras ataque a planta eléctrica en Copiapó

Gobierno se querella por Ley de Seguridad del Estado tras ataque a planta eléctrica en Copiapó
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Los hechos ocurrieron la noche del jueves y afectaron a la Compañía General de Electricidad, que sufrió el incendio de una bodega y oficinas administrativas, además de algunos vehículos.

El Ministerio del Interior presentó este viernes una querella por Ley de Seguridad del Estado en contra quienes resulten responsable del ataque que sufrió la noche del jueves una subestación eléctrica de la Compañía General de Electricidad (CGE), en Copiapó.

Según informó La Tercera, la acción judicial presentada por el abogado Carlos Flores, especifica que los hechos ocurrieron pasada las 21.00 horas y le adjudica la acción a un grupo de individuos.

La denuncia también describe que quienes provocaron el incendio que se produjo en el lugar, ingresaron a la sala de control del recinto y prendieron fuego a las oficinas administrativas, una bodega y 13 vehículos, entre los que se cuentan dos camiones, tres autos y ocho camionetas.

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El rótulo de infracción a la Ley de Seguridad del Estado corresponde a los delitos contra el orden público y también de incendio.

“La naturaleza de las acciones y el designio de trastrocar la tranquilidad pública al extremo de comprometer el interés de la comunidad toda, se enmarcan en la hipótesis del 6º, letra c) de la Ley 12.927, de modo que estos hechos exceden el ámbito de otros tipos penales de menor entidad. Estos hechos han afectado considerablemente los bienes jurídicos protegidos en dicha ley, lo que hace necesario perseguir y sancionar a los responsables de estos hechos que causan una grave alteración pública”, dice el documento según el matutino.

“El gobierno no puede dejar de utilizar las herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para cumplir con el mandato legal de resguardar el orden y la seguridad pública, interviniendo como querellante en aquellos casos en los que se den los requisitos impuestos por el legislador para aquello. Lo contrario sería desoír el mandato legal y abandonar los deberes que expresamente impone la ley a esta cartera de Estado para el logro de sus fines”, agrega.

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